El pasado año el Ajuntament de Palma percibió 2.192 millones de pesetas por el Impost de Construccions i Obres (ICO) y 1.408 millones por la Taxa de Llicència Urbanística. Si se hubiese aplicado la base imponible que el Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) considera correcta, Cort habría cobrado unos 500 millones menos de pesetas. El pasado 2 de febrero el TSJB falló en favor de una empresa constructora que había interpuesto un contencioso contra el Ajuntament por discrepancias sobre la base imponible que utiliza Cort para calcular el importe de la tasa por licencia urbanística.
La empresa pedía que se excluyesen de la base imponible de dicha tasa los conceptos de «beneficio industrial» y «honorarios de arquitecto y aparejador», que encarecen un 15 por cien como mínimo la base imponible, a partir de la cual luego Cort cobra el preceptivo 3 por cien del ICO y el 2 por cien de la Taxa de Llicència Urbanística.
El veredicto del TSJB declara disconformes con el ordenamiento jurídico los actos administrativos impugnados por la constructora y los anula, «siendo procedente que se gire nueva liquidación por la misma tasa», tomando como base imponible una nueva cantidad.
La sentencia es firme y no cabe recurso ordinario contra ella. «El Ajuntament de Palma ha de modificar el artículo 5 de la Ordenanza Fiscal, causante del problema, y así lo pediremos en el próximo Pleno», indicó ayer Antoni Roig, portavoz del Grupo Municipal del PSIB-PSOE. «A Cort ha de moverlo un imperativo ético, no ha de recibir ingresos indebidos», resumió.