El Consell de Govern tiene previsto debatir mañana una propuesta presentada por la Conselleria de Presidència para unificar el modelo de contrato de los altos cargos del Govern, específicamente los de las empresas públicas, y para aumentar los controles y evitar nuevas sorpresas, como la firma de contratos blindados.
En la normativa específica que ha redactado Presidència, se especifica que los contratos de los altos cargos de empresas públicas quedan vinculados directamente al conseller que les nombra. De esta forma, cesa en su cargo en el mismo momento en que lo hace el conseller, si bien puede ser ratificado por su sucesor. La normativa específica que estudiará el Ejecutivo en su reunión de mañana marca además que las indemnizaciones en caso de rescisión de contrato serán las legalmente establecidas en el decreto-ley específico que regula las contrataciones de los altos cargos. Con esta decisión, se evitará en cualquier caso que se produzcan negociaciones privadas para el alto cargo de una empresa pública pueda tener un contrato blindado.
Además de estas garantías de contratación, el Govern establecerá la obligación de que los contratos realizados a los altos cargos pasen por los preceptivos controles de la Conselleria d'Hisenda y, con posterioridad, de la Conselleria d'Interior. El ex conseller d'Economia Antoni Rami suprimió la necesidad de realizar este último control unos meses antes de las elecciones autonómicas.