Acaba de ponerse en marcha una nueva Ley del Menor que viene a mejorar "en la medida de lo posible y siempre con enormes limitaciones" un área conflictiva y difícil. Se trata de intentar encauzar la vida de los delincuentes menores de edad hacia la normalidad, hacia la reinserción y la adaptación a la sociedad. La prevención, pues, será siempre el arma más efectiva en este campo. Sin embargo, es éste un asunto tan peliagudo como ingente. Se sabe que prácticamente todos los delincuentes juveniles proceden de medios sociales precarios, de bajo nivel económico y cultural y de ambientes marginales. Y es ahí precisamente donde está el quid de la cuestión: en el origen. De poco servirá a un chaval de 17 ofrecerle sustitutivos a la cárcel para cumplir su condena cuando ya está metido de lleno en el mundillo de las drogas, la prostitución, los robos o lo que sea. Por eso cualquier Ley del Menor que se elabore con esos criterios vendrá siempre a poner límites a los casos perdidos y nunca podrá evitar que se produzcan. Es ahí donde está el verdadero trabajo preventivo de los responsables políticos, en detectar las zonas peligrosas, los barrios, los edificios, las familias, persona a persona y dictar las medidas necesarias para que esa gente salga de ese ambiente y pueda gozar de las mismas oportunidades que tenemos los demás.
El resto, dilucidar si un menor de 16 años es responsable penalmente de sus acciones o no, son aspectos que la propia realidad convierte en sumamente complejos. El hecho es que en algunos casos chavales que aún no han cumplido los 14 cometen atrocidades que la mayoría de los adultos jamás imaginarían. Lo que debemos conseguir, con esta ley o con cualquier otra, es que una sociedad como la nuestra, que pasa por rica y desarrollada, no dé a luz niños como esos.