El sector que más somete sus asuntos a arbitrajes es el de la construcción en Balears, ya que 7 de cada 10 pleitos corresponde a resolución de contratos de obra, la liquidación definitiva de la ejecución y el impago de certificaciones. Con una actividad que ha generado miles de millones de pesetas en los últimos años, no siempre promotores y clientes se estrechan la mano al finalizar las obras contratadas. El servicio de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Mallorca, Eivissa y Formentera ha aumentado casi un 59 por ciento hasta el pasado mes de agosto, con la entrada de 31 solicitudes, lo que supone un porcentaje de incremento del 79 por ciento con respecto a 1998 y del 59 por ciento en relación a ese mismo mes de 1999.
El arbitraje es un sistema, reconocido por la Ley, mediante el cual las personas naturales o jurídicas pueden someter la decisión de las discrepancias o cuestiones, que surjan entre ellas, a través de uno o diversos árbitros, siempre en número impar.
Según explicó el presidente de la Cámara de Comercio balear, Miquel Lladó, «el arbitraje es un instrumento para la rápida resolución de las controversias por una vía distinta a la jurisdicción ordinaria y que permite a las partes organizar un juicio privado más adecuado a sus necesidades e igualmente ejecutivo». Las cuantías de los asuntos oscilan desde pequeñas reclamaciones económicas, de 100.000 a 1.800.000 pesetas, aunque la mayoría de arbitrajes, no obstante, suelen rondar los tres millones de pesetas.
El aumento de los litigios en el ramo de la construcción se explica por el elevado crecimiento de este sector en los últimos años y las diferencias lógicas que pueden existir entre las personas que encargan la ejecución de una obra y quienes la realizan, explicó Lladó.