Los abogados defensores de Francisco Berga, Francisco Tous, Guillermo Coll y Paulino Moreno, y las acusaciones, representadas por el ministerio fiscal y el letrado del Estado, alcanzaron un acuerdo de conformidad previa a la vista oral del denominado «caso Palma I», que hoy debía celebrarse en el Juzgado de lo Penal número cinco de Palma. En ese contexto, el fiscal (Ladislao Roig) y el abogado de Estado aceptaron reducir la acusación a un solo delito fiscal (no declarar el IVA de la operación de compraventa de los terrenos de Son Fuster adquiridos por Sa Nostra), y prescindir de otra acusación de similares características (no declarar el importe del tráfico de empresas) debido a que la propia Agencia Tributaria había presentado un informe admitiendo que esta última cuestión «no estaba del todo confirmada».
Según explicó a este diario el fiscal Ladislao Roig, la condena hecha pública ayer por la juez contempla penas de seis meses y un día a los implicados "todos ellos pertenecientes a la cúpula de Brokerval", y multa de 52 millones de pesetas a cada uno de los implicados. Asimismo, Berga, Tous, Coll y Moreno deben abonar otros 51 millones entre los cuatro a la Hacienda Pública. El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Palma, Pere Barceló, había sido el encargado de elaborar las conclusiones del «caso Palma I» "las supuestas irregularidades fiscales cometidas en la venta a Sa Nostra de los terrenos de Son Fuster" operación que se cerró por 747 millones de pesetas.
El fiscal y Hacienda acusaban a los ex administradores de «Palma I» de un delito fiscal por unos hechos ocurridos en 1994, cuando a través de la sociedad Edificio Palma I vendieron a la Caja de Ahorros de Baleares «Sa Nostra», unos terrenos (Son Fuster) que habían adquirido, junto a otros directivos de Brokerval, por doscientos millones.