Una inversión de 2.200 millones de pesetas, cinco plantas y tres sótanos sobre 21.000 metros cuadrados caracterizan al edificio judicial «más moderno de España», según definió el subsecretario general de Justicia, Ramón García Mena, a las nuevas dependencias de Sa Gerreria. La instalación permitirá «acercar la Justicia al ciudadano», según García Mena, y agilizar la resolución de los pleitos. En Palma entraron el pasado año más de 10.000 asuntos en los juzgados.
García Mena realizó ayer una visita a las obras de los nuevos juzgados acompañado por la delegada del Gobierno en Balears, Catalina Cirer; el subdirector de Medios Personales, Fernando Martos; y el subdirector de Obras y Patrimonios, José Antonio Llopis. También asistieron el presidente del TSJB, Àngel Reigosa, el presidente de la Audiencia de Palma, Antoni Terrasa, el juez-decano de Balears, Pedro Barceló y el teniente fiscal de Balears, Ladislao Roig.
Las dependencias se ubican sobre un solar de 28.000 metros cuadrados cedido por el Ajuntament de Palma, y cuentan con tres plantas de sótano, cinco de alzada que circundan un patio central y una entreplanta. El edificio, que tiene una superficie total de unos 21.000 metros cuadrados, albergará los 21 juzgados civiles (tres de lo social, dos contencioso-administrativos y el resto de primera instancia) que ya existen en Palma y diez de reserva. Llopis afirmó que el contrato establece la finalización de las obras para el próximo 30 de abril, pero puntualizó que, «con la aprobación en diciembre de la Ley de Enjuiciamiento Civil se requieren pequeñas adaptaciones complementarias, sobre todo en las salas de vistas», por lo que el edificio estará amueblado y listo para su uso «antes de agosto». En este sentido, el subsecretario general de Justicia destacó que una de las modificaciones impuestas por la nueva normativa es la instalación de cámaras en las salas para «poder comprobar en cualquier momento lo que se ha dicho en cada vista» y garantizar la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. García Mena subrayó también que la transferencia a las Comunidades Autónomas de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia se podría completar durante la próxima legislatura.