El Govern quiere crear una organismo supramunicipal que se encargue de la gestión del agua sin tener que depender de los ayuntamientos y de las empresas suministradoras para garantizar el suministro a toda la población. El Govern quiere que en este organismo supramunicipal participen las empresas suministradoras y los ayuntamientos, si bien el diseño del suministro dependerá directamente de él.
El Govern aprobará también a medio plazo la creación de Juntas Insulares de Explotación Hidráulica, que tramitará todos los expedientes sobre la explotación de los acuíferos. Esta Junta, que se crearía en cada una de las islas, podría ser el organismo supramunicipal previsto por el Ejecutivo.
El Govern se basará en la Ley de Aguas de 1985, que establece el dominio público del agua subterránea, para establecer las bases jurídicas de este organismo. El objetivo final es que las empresas y los ayuntamientos gestionen el agua en baja, es decir, desde los respectivos depósitos hasta los grifos de los ciudadanos. El Ejecutivo controlará la gestión del agua en alta, lo que significa que quiere decidir cómo se administrarán los recursos hídricos de la Isla y se repartirán entre los diferentes municipios.
Esta es la principal medida que el Ejecutivo se plantea a medio plazo para evitar que surjan enfrentamientos políticos como los que estos días se han vivido con la empresa EMAYA. En resumen implica que la decisión última sobre dónde se extraerá el agua y a qué municipios se suministrará será del Govern, por encima de los ayuntamientos y de las empresas.