En esta época de vorágine prometedora por parte de los partidos políticos, se están lanzando a la arena pre-electoral propuestas dignas de ser comentadas, pues pueden suponer grandes cambios para la vida cotidiana de muchas personas. En este país el setenta por ciento del empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas, verdadera columna vertebral de la economía nacional. Y a ese sector va dirigida la penúltima promesa del Partido Popular de cara a la próxima legislatura: eximir al noventa por ciento de estas empresas del pago del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), un impuesto que no tiene en cuenta ni beneficios ni pérdidas, sino sólo el número de empleados y la superficie del local. La noticia, por sí sola, dará motivos para saltar de alegría a más de uno. ¿Quién no tiene un pariente, un vecino o un amigo que es pequeño empresario?
El problema de esta idea, que parece como mínimo precipitada, es que la recaudación del IAE no se realiza desde el Gobierno, sino desde los ayuntamientos, y en este momento es la segunda fuente de financiación para corporaciones locales y Consells Insulars y supone nada menos que 220.000 millones de pesetas al año. Una cifra que, de algún modo, tendrá que reponer el Ejecutivo central para compensar la enorme pérdida de poder económico en los ayuntamientos. De ahí que los alcaldes se estén ya llevando las manos a la cabeza ante la posibilidad de que Aznar cumpla su promesa si ve renovado su cargo en La Moncloa.
No es, de todas formas, la primera vez que el PP propone esta medida y hasta hoy no la ha cumplido, probablemente por las dificultades que entraña para todas las partes implicadas. Aunque, bien mirado, cualquier rebaja en los impuestos supone una bocanada de aire fresco para los ciudadanos, que, a la postre, son los que importan.