Lo que todos temíamos desde que ETA anunció la ruptura de la tregua ya ha ocurrido: un nuevo crimen, condenable desde cualquier punto de vista, que le ha costado la vida a un militar en Madrid. Los datos de este nuevo atentado, el primero en 19 meses, carecen de importancia. Lo definitivo es el hecho en sí: la muerte de una persona inocente.
La barbarie terrorista ha acabado en un solo instante con las expectativas suscitadas a lo largo de todo el tiempo que ha durado la tregua de la banda, una banda que no parece tener otro objetivo que matar. El Gobierno, por boca de su presidente, José María Aznar, sigue manteniendo una actitud de firmeza.
Además hay que tener en cuenta las consecuencias que va a tener este execrable crimen en la política vasca. Así, el Ejecutivo de Ibarretxe ya ha anunciado que deja en suspenso el pacto de legislatura con Euskal Herritarrok (EH) mientras no se produzca una condena del atentado, en tanto que EH responsabilizaba de la acción directamente a sus autores aunque sin una condena explícita.
No podemos equivocarnos en las valoraciones. Los responsables de lo sucedido son los autores del asesinato y no otros. Pueden haberse dado carencias y divergencias notables en el tratamiento político dado al proceso de paz de Euskadi, pero quienes están al margen de las reglas del juego son los miembros de ETA. Son ellos quienes deben asumir de una vez por todas que las reivindicaciones se deben realizar dentro de los cauces legales y de las instituciones establecidas y no por la vía de la violencia.
Lo cierto es que, tras lo sucedido ayer en Madrid, las esperanzas de paz se han llevado un duro golpe, un tremendo mazazo del que nos va a costar recuperarnos.