JUAN MESTRE/MONICA GONZALEZ
El decreto de protocolo aprobado por el Govern, y que entró en
vigor el día 16, no tiene que aplicarse cuando asisten a los actos
institucionales representantes del Estado en Balears, según fuentes
consultadas por este periódico. Es decir, cualquier institución
puede aplicar el real decreto de protocolo cuando asistan a los
actos la delegada del Gobierno, los mandos militares o el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, entre
otras autoridades. De hecho, algunas instituciones tienen intención
de aplicar esta norma cuando organicen los actos, en espera de que
Delegación del Gobierno impugne el decreto autonómico.
El decreto de protocolo aprobado por el Govern sigue provocando controversia, especialmente entre las instituciones. Además, el decreto lleva de cabeza a los respectivos jefes de protocolo, que deberán decidir si aplican el real decreto o el decreto autonómico. De hecho, los responsables de protocolo de las principales instituciones de las Islas tienen intención de reunirse la próxima semana para unificar criterios y, sobre todo, buscar salidas que eviten disputas institucionales. Nadie teme que entre las instituciones gobernadas por el pacte de progrés haya unificación, pero la situación puede cambiar cuando entren en liza la Delegación del Gobierno, el Ajuntament de Palma o los ayuntamientos gobernados por el PP.
Distintas fuentes sostenían ayer que el Govern puede verse obligado a variar el decreto con el fin de anular el artículo que prevé que las autoridades que organizan un acto deben ceder la presidencia, obligatoriamente, al responsable del Govern balear. El decreto autonómico de protocolo fue aprobado el pasado 24 de diciembre por el Govern para cumplir así uno de los acuerdos del pacto para que Antich fuese elegido president. La principal novedad de dicho decreto, en relación al real decreto, es la escalada en la precedencia de las presidentas de los consells. En el real decreto las presidentas de las instituciones insulares ocupaban el puesto 39 de precedencia, mientras que con el actual decreto autonómico suben hasta el lugar «número dos». Desde el Consell Insular de Mallorca argumentan que dicho decreto lo único que hace es cumplir un artículo de la ley de consells que prevé que la presidenta de la institución representará al presidente del Govern en caso de ausencia de éste. Sin embargo, distintas fuentes precisaron que dicho artículo de la ley de consells choca con el Estatut d'Autonomía, que establece que el presidente del Parlament sustituye al responsable del Govern cuando éste no esté presente en los actos. «Nadie puede dudar de que el Estatut está por encima de la ley de consells», comentaron las fuentes consultadas por este periódico.