El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, anunció ayer que el Consejo de Ministros ha acordado abrir un conflicto de competencias contra Balears ante el Tribunal Constitucional por «la aprobación de una ayuda económica para determinados beneficiarios de pensiones asistenciales y no contributivas».
En opinión del portavoz del gobierno, Josep Piqué, esta ayuda de carácter único y extraordinario para las pensiones de jubilación e invalidez, con una cuantía de 31.500 pesetas «invade competencias estatales e incumple varios principios de la Constitución española y de la Ley de la Seguridad Social en cuyos textos se establece que la cuantía de ambas pensiones se fijará anualmente en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado»
El portavoz del Gobierno apuntó que la determinación de dichas cuantías debe realizarse en los Presupuestos Generales «con carácter general y uniforme para todos los beneficiarios con independencia de que residan en una u otra comunidad autónoma». Esta decisión está respaldada también por la doctrina del propio Tribunal Constitucional, según Piqué, ya que las ayudas del Gobierno de Balears «vienen a modificar el régimen económico de las pensiones de jubilación e invalidez vulnerando la competencia exclusiva atribuida al Estado por el artículo 149.1 de la Constitución».
En este sentido, el Gobierno considera que en materia de regulación de pensiones su cuantificación ha de entenderse como «un elemento inalterable de su régimen unitario en todo el Estado». Piqué finalizó su intervención justificando tal medida con el fin de «evitar el quebrantamiento de la unidad del sistema y engendrar desigualdades entre los ciudadanos en lo que atañe a la satisfacción de sus derechos en esta materia».
Tras conocer esta decisión del Consejo de Ministros, el president del Govern, Francesc Antich, aseguró que lamenta «la falta de sensibilidad social» del Gobierno de José María Aznar y que éste haya decidido «atacar» de esta manera al Ejecutivo balear.
Antich aseguró que la única intención del Ejecutivo balear era ayudar a unos 10.500 ciudadanos de las Islas «que tienen dificultades para llegar a fin de mes». La subida beneficiaba a los perceptores de pensiones no contributivas y asistenciales de las Islas.