El proyecto de ley de presupuestos de la Comunitat para el año que viene introduce una cláusula de garantías que permitirá al Govern solicitar un endeudamiento extraordinario en el caso de que el Tribunal Constitucional anule el impuesto ecológico. Con este artículo, la Conselleria d'Hisenda queda facultada para solicitar un préstamo por el equivalente de toda la cantidad cobrada a las empresas entre los años 1992, fecha en la que por primera vez se cobró el impuesto, y 1999, el último ejercicio contable.
Desde la entrada en vigor de este impuesto empresarial, el Govern ha recaudado un total de 23.375 millones de pesetas. Del total, algo más de 5.000 millones de pesetas fueron pagados por las empresas en los primeros años de ejecución del impuesto. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo modificó el sistema de recaudación del tributo ya que permitió a las empresas avalar el importe total del impuesto en lugar de liquidarlo.
En virtud de los proyectos de presupuestos que se han presentado desde entonces, a excepción de esos 5.000 millones ya cobrados, las empresas han avalado un total de 18.375 millones más, que es la cantidad que el Govern se verá obligado a devolver en caso de que el Tribunal Constitucional falle que el Ejecutivo no tenía competencias para poner en marcha este tributo. Esta cláusula que incorporan los presupuestos no se ha modificado con respecto a leyes anteriores.
De hecho, desde que se aprobó el impuesto, todas las leyes presupuestarias han ido incorporando esta salvaguarda. Al tratarse de una suma multimillonaria, la devolución de este dinero avalado supondría un desfase de tal calibre en el presupuesto anual que lo haría prácticamente inaplicable. Por esta razón, el artículo que incorpora el proyecto de ley de presupuestos garantiza que este dinero podrá ser devuelto sin que ello represente un trastorno inasumible a la hora de desarrollar el resto de las partidas presupuestarias.