Balears perderá 8.500 millones de pesetas de la Unión Europea si el plan de residuos no se aprueba de forma definitiva antes del próximo 30 de noviembre, según confirmó ayer el vicepresident del Govern, el nacionalista Pere Sampol. El vicepresident explicó que el Ministerio de Economía ha informado a las comunidades autónomas de la posibilidad de acceder a los Fondos de Cohesión de la Unión Europea para proyectos de depuración de aguas, abastecimiento y eliminación de residuos.
Sampol explicó que la subvención para los proyectos presentados en el capítulo de eliminación de residuos oscila entre el 80 y el 85 por ciento del presupuesto total con la condición de que el coste de estos proyectos supere los 1.600 millones de pesetas. Balears supera ampliamente este límite económico dado que las estimaciones realizadas por el Govern y por la empresa Tirme elevan a 10.000 millones las inversiones necesarias para poner en marcha el nuevo plan director de residuos. Por esta razón, Balears podría acceder a unas ayudas de entre 8.000 y 8.500 millones de pesetas. Sin embargo, hay otra condición para poder acceder a las ayudas que el Govern balear difícilmente podrá cumplir. La Comisión Europea señala de forma tajante que, para poder acceder a estos fondos, es preciso tener un plan de residuos aprobado por el Consell de Govern y publicado en el boletín oficial.
Esta segunda condición es materialmente imposible de cumplir. Sampol aseguró que la Conselleria de Medi Ambient se ha propuesto acelerar al máximo la redacción del nuevo plan de residuos para que pueda ser aprobado el viernes de la próxima semana por el Consell de Govern. En cualquier caso, tampoco esta aprobación será suficiente dado que el plan debe ser sometido después a exposición pública por espacio de un mes. Después debe ser ratificado de nuevo por el Consell de Govern. El vicepresident del Govern aseguró que la única posibilidad que le queda al Ejecutivo es aprobar cuanto antes la modificación del plan director de residuos, que la consellera Rosselló ya tiene prácticamente redactado, y presentar en el Ministerio de Economía el anteproyecto de las inversiones necesarias en lugar de los proyectos definitivos.