Un documento interno elaborado por el presidente del Fomento del Turismo, Miquel Vicens, y remitido la pasada semana a los miembros de la junta directiva, vocales asesores de la institución, cataloga el proyecto de la Ley General de Turismo de poco liberal y muy intervencionista.
Vicens indica que el proyecto de ley, «aun siendo correcto en sus criterios de calidad y de contención de la oferta, es poco liberal y muy intervencionista; que desaprovecha las posibilidades de gestión, regulación e inspección de otras consellerias al duplicarlos».
Considera que el proyecto de ley «atribuirá un gran poder a gremios técnicos y a empresas de auditoría, cuyos conocimientos turísticos habría que ver previamente si son acreditables. Considero que el sector turístico debería hacer un esfuerzo para conseguir la autorregulación por lo menos en los aspectos no comunes con las viviendas u otras edificaciones, en concreto en todo lo que concierne a la calidad, a través de los propios controles que los touroperadores y los demás canales de venta ejercen».
En el citado informe, que también ha sido remitido a la Conselleria de Turisme, se pone de manifiesto que la opinión de los consumidores «no aparece como criterio de calidad en ninguno de los artículos que conforman la ley. Muy al contrario, la calidad la definen los técnicos competentes, los auditores y los inspectores. A los turistas se les reconoce expresamente el derecho a la calidad, pero no se tienen en cuenta sus valoraciones».