El Tribunal Supremo, en una sentencia que recoge punto por punto y ratifica la del Tribunal Superior de Justicia de Balears, acaba de confirmar que Gabriel Cañelas, ex presidente del Govern y del PP de Balears, cometió cohecho en la concesión de las obras del «túnel de Sóller», pero decide su absolución al haber prescrito el delito, aunque los términos jurídicos demoledores empleados en el auto no dejan lugar a dudas sobre la comisión de una ilegalidad por parte del que fuera presidente del Govern balear. Por contra y contra lo resuelto por el TSJB, el Alto Tribunal considera que Antoni Cuart, con quien Cañellas mantiene una amistad y de quien fue socio en anteriores empresas, cometió delito de cohecho, aunque también lo absuelve por prescripción.
Han quedado claras dos cuestiones: en el plano judicial, el ex presidente del Govern cometió un claro delito, aunque no se le puede condenar porque el tiempo ha jugado a su favor y, por lo que se refiere a la responsabilidad política, Cañellas aún es diputado del Parlament balear y sigue manteniendo parte de su influencia en el grupo popular.
Si bien es cierto que el Partido Popular, desde la central en Madrid, ya había dado su veredicto: obligó al entonces inculpado a dimitir de sus cargos presidenciales. Allí terminó la carrera política del señor Cañellas. Para que la cosa termine en paz, todas las partes, en el plano político, deberían enterrar el hacha de guerra y mirar hacia adelante. En realidad, el señor Cañellas acabó su carrera y, en este sentido, él mismo debería colaborar en la tarea de no hacer más astillas del propio árbol caído. Una retirada discreta, cuando él y el partido la consideren oportuna, sería el mejor remate posible de su final político. Empecinarse en mantener un estatus de poder, aunque sea en la sombra, no sería bueno para nadie y muy malo para quien, habiéndolo sido todo, ha sido salvado por una exculpación por prescripción.