Los abogados de Eva Kailí denunciaron que la eurodiputada griega ha sufrido «tortura» en la cárcel belga en la que está en prisión preventiva, acusada de pertenencia a una organización criminal, corrupción y blanqueo de dinero en una trama de sobornos en torno al Parlamento Europeo. «Durante 16 horas estuvo en una célula de policía, y no en la prisión, con frío. Se le negó una segunda manta y se le quitó el abrigo. Esto es tortura. La luz estaba encendida constantemente y no podía dormir. Eso es tortura. Estuvo indispuesta, con mucha sangre (por la menstruación) sin poder lavarse. Eso es tortura», dijo a la prensa Michalis Dimitrakopoulos, abogado de Kailí.
Los hechos se produjeron «entre el miércoles 11 y el viernes 13 de enero», cuando Kailí estuvo «incomunicada», explicó el letrado a la prensa tras la vista a puerta cerrada ante el tribunal de Bruselas que debe decidir si retira la prisión preventiva a la política socialdemócrata, a quien ya rechazó liberar el pasado 23 de diciembre. A ojos del letrado griego que defiende a Kailí junto con el abogado belga André Risopoulos, esos son «actos de la Edad Media» que «violan la Convención Europea de Derechos Humanos».
La defensa de la que fuera vicepresidenta del Parlamento Europeo, cesada tras su detención e imputación, insistió en que Kailí es «inocente» y también «la persona más afectada y tratada con más dureza» de los imputados en esta investigación. «No tenía ninguna colaboración con el señor Panzeri», dijo en referencia a Pier Antonio Panzeri, el exeurodiputado socialista italiano al que se le supone el cerebro de la red de políticos, sindicalistas, lobistas y asistentes corrompidos para defender en Bruselas los intereses de Catar, Marruecos y Mauritania.
La Fiscalía, por su parte, se opuso «firmemente» a su liberación al considerar que existe riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de confabular con otros implicados, explicaron los abogados de Kailí. Se espera que este miércoles el tribunal de apelación dé a conocer su decisión sobre la política helena, que fue arrestada en el marco de una gran redada el pasado 9 de diciembre en la que la policía decomisó más de 1,5 millones de euros en metálico en varios registros. En la misma operación fue arrestado y permanece también en prisión preventiva el lobista italiano Niccolo Figa-Talamanca y el asistente parlamentario transalpino Francesco Giorgi, padre de una niña de 23 meses que tuvo con Kailí, el cuál en los interrogatorios habría confesado su implicación en la red corrupta pero habría exculpado a su pareja, según han publicado medios locales.
«Es su marido y le ama. Es el padre de su hija», se limitó a decir el letrado Risopoulos, preguntado por qué piensa ella sobre la confesión de su compañero sentimental. Panzeri, por su parte, ha pactado esta semana con la Fiscalía una condena mínima a cambio de una confesión, en un procedimiento muy novedoso que sólo se había utilizado una vez antes en Bélgica. El exeurodiputado y director de la ONG Fight Impunity (Lucha contra la Impunidad) sólo cumpliría un año de prisión efectiva -parte con brazalete electrónico- y pagaría una multa de menos de 20.000 euros, además de entregar todo lo obtenido ilícitamente, a cambio de señalar a otros corruptos y revelar el funcionamiento de la red y los «acuerdos financieros con terceros Estados».
Además, las autoridades italianas han aceptado la entrega a Bélgica de la esposa y la hija de Panzeri, aunque ambas han apelado. Además, han detenido esta semana en Milán a la contable de Panzeri. La Eurocámara también ha iniciado el procedimiento para retirar la inmunidad parlamentaria al eurodiputado socialdemócrata italiano Andra Cozzolino, para quien trabajaba Giorgi, y al socialista belga Marc Tarabella, a quien Panzeri dice haber entregado unos 130.000 euros. Tarabella defiende su inocencia, pone en duda la credibilidad de Panzeri y dice querer explicarse ante el juez, en una línea argumental similar a la de Cozzolino.