El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que los últimos datos disponibles apuntan a confirmar la visión de que, en caso de que se produzca una recesión en la zona euro este año, será «relativamente corta y poco profunda». Así se ha expresado el gobernador durante su intervención en un acto organizado en el marco del Spain Investors Day. Pese a la situación de recesión, De Cos ha indicado que se espera una mejora en la actividad económica en la segunda mitad de 2023 bajo el supuesto de un reequilbrio del mercado de energía, una reducción de la incertidumbre y una mejora de la renta real de las familias.
El banquero central ha recordado las últimas previsiones del Eurosistema, que contemplan una inflación media en el conjunto de la eurozona del 6,3 % para este año, del 3,4 % en 2023 y del 2,3 % en 2025. Todas estas cifras están por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE). En relación con esto, De Cos ha indicado, como ya había informado previamente el BCE, que de cara al futuro se seguirán subiendo los tipos de interés para atajar esta espiral alcista de precios. En los últimos meses, la eurozona ha vivido el proceso de normalización más rápido de su historia, con una subida del precio del dinero acumulada de 250 puntos básicos.
A modo de ejemplo, De Cos ha indicado que, desde la última reunión de política monetaria del BCE, celebrada en diciembre, los tipos de interés esperados por el mercado se han elevado en 30 puntos básicos, hasta el entorno del 3,4%. Estos tipos incluyen «un elemento de prima a plazo positivo», por lo que De Cos ha indicado que el mercado espera que el tipo máximo que alcanzarían los tipos del BCE «se situaría algo por debajo de esa cifra». «Nuestras decisiones futuras relativas a los tipos de interés continuarán dependiendo de los datos y seguirán un enfoque en el que las decisiones se adoptarán en cada reunión», ha subrayado el gobernador. Respecto a las recomendaciones macroeconómicas, De Cos ha pedido «coherencia» entre la política fiscal y la monetaria.
Así, ha subrayado que las medidas de apoyo fiscal para proteger la economía del impacto de los precios energéticos «deben ser temporales, estar focalizadas en los más vulnerables y con un diseño compatible con el mantenimiento de los incentivos para consumir menos energía». Asimismo, también ha considerado «deseable» acordar un reparto equitativo entre salarios y márgenes empresariales de la pérdida de renta derivada del incremento de los precios energéticos para evitar una espiral inflacionista.