Al menos 22,8 millones de personas sufrirán inseguridad alimentaria grave en Afganistán durante los próximos meses, una cifra récord que dibuja un escenario preocupante y que, en opinión de las agencias de Naciones Unidas, requiere de una movilización «urgente» por parte de la comunidad internacional.
Afganistán sufre una tormenta perfecta que mezcla conflicto, sequía, pandemia de COVID-19 y crisis económica y que ha llevado al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a advertir de que más de la mitad de la población alcanzará los estadios tres y cuatro de la escalera de inseguridad alimentaria, en la que cinco equivale ya a la hambruna.
Según los expertos, estas personas necesitarán entre noviembre y marzo ayuda externa para cubrir sus necesidades alimentarias más básicas y prevenir una «catástrofe humanitaria». No en vano, la ONU nunca había detectado cifras tan preocupante en los diez años que lleva analizando la situación alimentaria de Afganistán.
Estas necesidades requieren también recursos sin precedentes, toda vez que el plan de respuesta humanitario que coordina la ONU ha recibido por ahora únicamente un tercio de los fondos solicitados. El PMA estima que podría necesitar hasta 220 millones de dólares al mes, mientras que la FAO reclama 11,4 millones de dólares de forma urgente y otros 200 millones para la próxima temporada agrícola.
El director general de la FAO, Qu Dongyu, considera que «es urgente» actuar de forma «eficaz y efectiva» antes de que el invierno paralice la mayor parte del país. «Es cuestión de vida o muerte. No podemos quedarnos a ver cómo los desastres humanitarios ocurren ante nosotros», ha denunciado.
En la misma línea, el director ejecutivo del PMA, David Beasley, ha advertido de Afganistán «está ya entre las peores crisis humanitarias del mundo, sino es la peor», y teme también la llegada del frío. Beasley ha señalado que hay «una cuenta atrás para la catástrofe» y ha llamado a actuar «ya» para evitar el «desastre».
Los datos reflejan un aumento de la inseguridad alimentaria del 37 por ciento en poco más de medio año y la previsiones no son particularmente esperanzadoras para los próximos meses. Entre la población en riesgo hay 3,2 millones de niños menores de cinco años y ya en octubre la ONU advirtió de que un millón de niños podían morir este año si no recibían ayuda inmediata.
Por primera vez, los datos en zonas rurales y urbanas son equiparables, entre otra razones por el desempleo y la crisis de liquidez que afecta a las ciudades y a familias que llegaron a formar parte incluso de la clase media. En las zonas rurales, sin embargo, preocupa la evolución de la sequía -la segunda en cuatro años-, ya que 7,3 millones de personas dependen del sector primario.
La llegada de los talibán al poder a mediados de agosto ha añadido aún más incertidumbre a esta ecuación, a pesar de que el régimen insurgente insiste en que trabaja para impedir el colapso del país. El viceministro de Información Zabiulá Muyahid defendió el domingo que la situación actual deriva de la «guerra» anterior.
Si hubiese habido «una negociación significativa», aseguró a la cadena Tolo TV, «la situación ahora sería mejor y diferente». «Se habría evitado el colapso de las instituciones y la huída de personas desde el país», argumentó.
Asimismo, lamentó que parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, se muestren reacios a reconocer al actual régimen, con el que sí han entablado diálogos varios gobiernos y también la ONU en busca de una convivencia pragmática que facilite, entre otras cuestiones, la entrada de ayuda humanitaria en Afganistán.