La posible ilegalización de Forza Nuova, la formación neofascista cuyos líderes fueron detenidos recientemente en el transcurso del ataque por parte de extremistas de la sede del principal sindicato de Italia, es una cuestión de plena actualidad. En el Parlamento y en los juzgados ya se han activado los mecanismos para dejar fuera de la escena pública a este grupúsculo, y otros semejantes. ¿En base a qué actúa el estado de derecho italiano contra las corrientes neofascistas que han participado en actos violentos en Roma?
La Constitución italiana contiene un explícito carácter antifascista, inspirado en el rechazo al régimen totalitario instaurado por Benito Mussolini en el primer tercio del siglo XX. La ley máxima italiana fue aprobada el 22 de diciembre de 1947, y entró en vigor el día 1 de enero de 1948. En algunas de las 18 Disposiciones transitorias y finales, que tratan de la problemática evolución de estado monárquico a república, se prohíbe expresamente la reorganización del partido fascista y el exilio de la familia real y de cualquier descendiente que pudiese reclamar el derecho a suceder a Humberto II.
Asimismo, una norma posterior, de 1952, establece más precisión en este asunto. Esta permite ilegalizar formaciones vía sentencia judicial, o incluso a través de un decreto reservado para situaciones de «extraordinaria necesidad y urgencia», con el componente de la violencia «como modo de lucha política» o frente a actos que «denigran la democracia». Nunca ha sucedido, pero ahora no es descabellado pensar que se active.
El asunto tiene connotaciones arraigadas. La escena de destrucción de la sede sindical se asemeja a la irrupción que en ella tuvieron los fascistas de Mussolini, antes de desatar su propia espiral de destrucción de las libertades democráticas.
Las voces de la derecha parlamentaria resuenan escandalizadas, atribuyendo un cierto autoritarismo en el posible veto a las ideas de los que golpearon y asaltaron el pasado sábado en la capital italiana. Mientras tanto, la fiscalía ya ha movido pieza, cerrando la web de los radicales, y Mario Draghi tiene sobre su mesa la disolución del neofascismo italiano por la vía rápida.