Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea iniciarán este viernes la reflexión sobre la idea de suspender temporalmente las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, en un debate que los Veintisiete abordan con muchas reservas pero que se ve forzado desde Washington por el anuncio el miércoles del presidente estadounidense, Joe Biden, de que apoya liberalizar la producción de los sueros mientras dure la pandemia.
Hasta ahora la mayoría de las capitales se habían mostrado reticentes a esta idea y desde Bruselas se había insistido en que para la UE la primera opción debía ser apostar por impulsar la producción y exportación de vacunas a los países pobres, una dinámica que los Veintisiete han asumido pero que no ha sido seguida por países como Estados Unidos o Reino Unido.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a decir en una reciente entrevista con 'The New York Times' que no era «en absoluto amiga de levantar las patentes», aunque tras el anuncio de Biden ha dado marcha atrás y anunciado a un día de la cumbre de líderes que la UE está «dispuesta a discutir» esta posibilidad.
Con todo, el Ejecutivo comunitario recalca que busca soluciones «pragmáticas y eficientes» e insiste en que la respuesta inmediata pasa por la «urgencia» de asegurar el envío de vacunas suficientes a los países más vulnerables o sin recursos.
Las reacciones al giro de Estados Unidos también llegaron desde Francia, donde el presidente Emmanuel Macron dijo ser «favorable» a la suspensión temporal pero incidió después en que a corto plazo la urgencia es que otros actores sigan a la «generosa» Europa en la exportación de vacunas.
Alemania, por su parte, no ha rechazado discutir sobre ello pero un portavoz del Gobierno ha avisado horas antes de la cumbre europea de que para Berlín es necesario mantener la protección de la propiedad intelectual de las vacunas porque su suspensión podría acarrear «graves consecuencias» y desincentivar los esfuerzos de los laboratorios.
España ve positivo que se dé la discusión pero apunta que se trata de un asunto «complejo» y que aunque la liberalización puede ser útil en casos determinados hay que atender también a cómo afectaría a los medios de producción y distribución, según han indicado fuentes del Gobierno.
La Unión Europea asegura haber enviado al exterior el 50 por ciento de las vacunas producidas en fábricas en su territorio, lo que elevaría las exportaciones a cerca de 200 millones de dosis, mientras que desde distintas capitales recalcan que Estados Unidos y Reino Unido no solo no han exportado ninguna partida sino que han puesto trabas al comercio de algunos componentes.
Por eso la reacción en el seno de los Veintisiete ha sido cauta y han dejado abierta la puerta al debate pero han evitado ir más allá en sus mensajes públicos. Fuentes europeas confirman que el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, incluirá el asunto en la discusión de líderes porque hay consenso sobre la oportunidad de debate, pero evitan expresar un apoyo a la medida.
Los líderes pasarán dos días en la ciudad lusa de Oporto --salvo la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro holandés, Mark Rutte, que participarán por videoconferencia-- con la agenda centrada en la gestión de la pandemia y la cumbre con India el sábado, con cuyo primer ministro, Narendra Modi, discutirán también en remoto de la difícil situación que atraviesa el país.
PILAR SOCIAL
Aunque ha quedado relegado a un segundo plano por el debate sobre las patentes, Portugal convocó la cumbre de Oporto con el objetivo principal de dar un impulso al Pilar Europeo de Derechos Sociales de la UE, un documento de intenciones acordado por los jefes de Estado y de Gobierno en Gotemburgo en 2017.
Desde entonces lo pactado no se ha traducido en resultados tangibles y la intención de la presidencia portuguesa es dar un empujón a la construcción de una UE más social renovando el compromiso de los Estados miembros y sumando a sindicatos y patronal.
La Comisión Europea preparó a principios de marzo un plan de acción para avanzar en distintos aspectos del Pilar. En particular, aboga por conseguir que el 78 por ciento de la población europea de entre 20 y 64 años tenga trabajo para 2030 y que al menos seis de cada diez personas participe en actividades de formación cada año.
La tercera de las metas «ambiciosas y realistas» que Bruselas planteó de cara a la cumbre de este viernes es lograr que el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el bloque se haya reducido en al menos 15 millones al final de esta década.
España llega a este debate con un documento informal de propuestas ('non-paper', en la jerga comunitaria) en el que pide una «agenda social europea renovada y ambiciosa» y reivindica que los avances en este sentido deben ser el tercer pilar de la recuperación, junto con las transiciones verde y digital de la UE.
«Para desplegar con eficiencia y efectividad las transiciones verde y digital, la UE debe atajar las causas de las desigualdades y avanzar así hacia un desarrollo sostenible, inclusivo, económico y social», reclama el Gobierno en el texto.
Para conseguirlo, España defiende una serie de medidas como aprobar el marco de salarios mínimos del bloque, crear un esquema de reaseguro de paro que sea «permanente"(siguiendo el ejemplo del programa SURE aprobado para la pandemia) o reforzar la Garantía Juvenil y poner en marcha una Garantía Infantil.
También aboga por «reducir la vulnerabilidad» de los trabajadores de plataformas digitales, aprobar la propuesta legislativa para introducir más transparencia en la fijación de salarios a fin de reducir la brecha de género y reforzar la provisión pública de servicios de cuidados.