Casi 4.500 personas denunciaron abusos sexuales a menores por parte de miembros de la iglesia católica en Australia entre 1980 y 2015, según se dio a conocer hoy en la reanudación de las audiencias de la comisión que investiga esos delitos.
«Los niños fueron ignorados o, peor aun, castigados. Las denuncias no fueron investigadas», aseguró la abogada consejera de la comisión, Gail Furness, al revelar los datos recopilados por el organismo encargado de investigar cuál fue la respuesta oficial a los abusos sexuales de menores en Australia desde 1950.
La comisión real tomará declaración a casi todos los obispos del país en varias vistas públicas que durarán hasta el 27 de febrero.
En la primera jornada de audiencias, Furness explicó que se recabaron un total de 4.444 denuncias que apuntan a centenares de religiosos y 93 altos cargos de la iglesia, además de afectar a más de un millar de instituciones.
Los datos recopilados indican que el 78 por ciento de los denunciantes fueron varones y un 22 por ciento, mujeres.
También revelaron que la edad media de las víctimas fue de 11,6 años en el caso de niños y de 10,5 en el caso de niñas, y que las víctimas tardaron una media de 33 años en presentar las denuncias después de que el supuesto crimen fuera cometido.
En total, unas 1.880 personas fueron identificadas como presuntos perpetradores de abusos.
De estos, 597 o el 32 por ciento eran hermanos religiosos; 572 o un 30 por ciento, sacerdotes; 543 o un 29 por ciento, laicos y 96 o el 5 por ciento eran hermanas religiosas, precisó Furness.
La abogada criticó la gestión de estos casos por parte de la iglesia y denunció que los relatos de las víctimas son «deprimentemente similares».
«Los niños fueron ignorados o, peor aun, castigados. Las denuncias no fueron investigadas. Curas y religiosos fueron reubicados. Las comunidades donde fueron trasladados desconocían su pasado», aseguró Furness.
«Los documentos no fueron guardados o fueron destruidos. El secretismo prevaleció, al igual que los encubrimientos», añadió.
Los datos sugieren además que entre 1950 y 2010, más del 20 por ciento de los Hermanos Maristas, los Salesianos de Don Bosco y los Hermanos Cristianos fueron acusados de abusos sexuales, mientras que en la orden de San Juan de Dios la proporción sube a un 40,4 por ciento.
La abogada denunció ante la Comisión las dificultades impuestas por el Vaticano para obtener información sobre los abusos sexuales y en particular respecto al caso de un sacerdote acusado de pederastia.
«La Comisión Real esperaba un mejor entendimiento sobre la acción que debería tomar en cada caso. La Santa Sede respondió el 1 de julio de 2014 que 'no era posible ni apropiado proveer la información requerida'», explicó Furness.
Francis Sullivan, director ejecutivo del Consejo de la Verdad, Justicia y Reconciliación, el organismo dedicado a coordinar la respuesta de la iglesia católica hacia las víctimas, calificó las cifras como «trágicas e indefendibles».
«En cada entrada en este banco de datos, la mayor parte representa a un niño que sufrió a manos de alguien que debió cuidarlo y protegerlo», dijo Sullivan.
Los datos fueron revelados durante el primer día de una serie de audiencias en las que se abordarán las denuncias de abusos sexuales, cómo afrontó estos casos la Iglesia católica en el pasado y cómo lo hace en el presente, entre otros asuntos.
Durante estas vistas declararan seis de los siete arzobispos de Australia y líderes de las órdenes religiosas, entre ellos el arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, considerado el más alto cargo de la jerarquía católica acusado de encubrir abusos a menores.
La comisión se estableció en 2012 para investigar la respuesta de las autoridades a los casos de abusos sexuales a menores cometidos en instituciones públicas, sociales, deportivas y religiosas.
El año pasado el comité presentó 99 recomendaciones a las autoridades sobre cómo atender a las víctimas, además de un plan de compensaciones de 4.000 millones de dólares australianos (3.061 millones de dólares o 2.845 millones de euros) financiado por los centros donde se cometieron los abusos.
El 4 de noviembre pasado, el Gobierno de Australia anunció que indemnizará a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de instituciones públicas y religiosas del país con hasta 150.000 dólares locales (114.850 dólares o 107.000 euros).