El Gobierno egipcio ordenó ayer a la policía que adopte «las medidas necesarias» para poner fin a las protestas de los partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi, en una nueva vuelta de tuerca en su presión contra los islamistas.
Tras una semana de amenazas más o menos veladas, las autoridades justificaron su resolución en que las acampadas de las plazas cairotas de Rabea al Adauiya y Al Nahda suponen «un peligro para la seguridad nacional y la paz social».
Reacios a claudicar, los dirigentes islamistas consultados aseguraron que seguirán atrincherados en dichas plazas y pidieron a la comunidad internacional que evite nuevas matanzas de manifestantes.
Operación gradual
Las fuerzas del orden llevarán a cabo una operación «gradual y de acuerdo a la ley», informó un responsable del Ministerio del Interior a la agencia oficial Mena, sin especificar cuándo se efectuará dicha acción.
Según la fuente, primero lanzarán advertencias, y si esto no surte efecto usaran gases lacrimógenos para disolver las acampadas, pudiendo recurrir al derecho a defenderse en caso de violencia.
La decisión se basa en «la gran autorización del pueblo en el trato con el terrorismo y la violencia», afirmó la ministra de Información, Dorreya Sharafedin, al término de una reunión del Ejecutivo.
Sharafedin hizo así alusión a que decenas de miles de personas secundaron el pasado viernes la convocatoria del jefe del Ejército, Abdel Fatah al Sisi, que pidió el apoyo popular a eventuales medidas contra estas lacras.
Para el Gobierno, «la violencia y el terrorismo amenazan con derrumbar la patria», por lo que es «inaceptable» la continuación de las protestas.