La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, acusó ayer al régimen de Bachar al Asad de arrasar zonas controladas por la oposición sin tener en cuenta la suerte de la población civil que las habita.
«Después de que un pueblo o un barrio haya sido rodeado por el Ejército, se corta la distribución de agua, electricidad y comida», denunció la Alta Comisionada en un comunicado difundido ayer, en el que reiteró su preocupación por la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad.
Pillay señaló que tras el aislamiento de las poblaciones, se realizan intensos bombardeos de artillería y aéreos, tras lo cual entran los tanques y las fuerzas terrestres «que proceden puerta por puerta y, según nuestras informaciones, a menudo ejecutan de manera sumaria a personas sospechosas de luchar con la oposición».
«Los cuerpos de los ejecutados o asesinados de otra manera son a veces quemados o trasladados a otra parte», agregó la alta funcionaria de la ONU, que también acusó a las fuerzas armadas de oposición de cometer ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Crímenes de guerra
Pillay recordó que el derecho humanitario internacional establece claramente que los civiles deben tener la oportunidad de abandonar las zonas que van a ser atacadas militarmente y que esto solo ha ocurrido «en algunas ocasiones» en Siria en los últimos meses.
«Los civiles y sus propiedades (...) deben ser protegidos en todo momento. Todas las partes, incluidos el Gobierno y las fuerzas de oposición, deben garantizar que distinguen entre objetivos civiles y militares», manifestó la Alta Comisionada, preocupada por «la probabilidad» de enfrentamientos a gran escala en Damasco y Alepo.