El informe de la comisión sobre denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos en Bélgica, cuyas conclusiones fueron dadas a conocer ayer, revela que 13 de las víctimas terminaron suicidándose.
El citado documento, presentado por el psiquiatra infantil Peter Adriaenssens, afirma también que la comisión, que ha investigado los abusos cometidos en Bélgica desde la década de 1960 hasta mediados los años ochenta, recibió al menos 475 denuncias por casos de pederastia.
Adriaenssens denunció las «presiones» y la «ley del silencio» que ha imperado durante décadas en el seno de la iglesia belga sobre los abusos. En abril, pasado, el obispo de Brujas, Roger Vangheluwe, admitió haber tenido relaciones sexuales con un menor antes y después de ser obispo.
Traumatizados
A lo largo de 200 páginas se recogen los testimonios de varios centenares de antiguos alumnos de instituciones educativas de la Iglesia que en los años sesenta y setenta, principalmente, sufrieron abusos de religiosos.
Uno de los apartados más escalofriantes es el de los suicidios de las víctimas de los abusos, ya que se han confirmado trece casos y se han contabilizado otras seis tentativas.
Según ha explicado en rueda de prensa el ex presidente de la comisión, «en cuanto a los suicidios, la realidad es aún peor de lo que pensábamos».
Adriaenssens, que ha manifestado que el trabajo de la comisión se ha realizado bajo los principios de «verdad» y «reconciliación», ha añadido que la mayoría de esos niños, hoy adultos que rondan los cuarenta años, han quedado traumatizados por los episodios.
Los testimonios, a cuyos autores se ha respetado su anonimato en el informe, hablan de violaciones por vía anal y oral, así como de masturbaciones.
Las edades de los niños durante los abusos iban en la mayoría de casos entre los 12 y los 15 años.
La comisión investigadora se creó por parte de la Conferencia Episcopal belga en el año 2000.
El informe se ha publicado un día después de que un tribunal belga declarara ilegales las redadas realizadas en iglesias de ese país por la policía durante la investigación por los presuntos abusos sexuales a menores.
La decisión tiene como consecuencia que los archivos confiscados durante los registros de junio pasado no podrán ser utilizados en la investigación.
Esta resolución pone en cuestión la larga investigación iniciada por las autoridades belgas, respecto a la cual un portavoz de la fiscalía se había limitado a confirmar que las pesquisas eran una consecuencia «de alegaciones realizadas ante el fiscal sobre abusos sexuales de algunas personas de la Iglesia», y tan solo añadió que había varios ciudadanos implicados, cuya identidad se negó a revelar.