El primer ministro británico, Gordon Brown, confirmó ayer el acuerdo alcanzado en Irlanda del Norte entre unionistas y republicanos para la devolución a la provincia de las competencias de Interior y Justicia, y manifestó que lo pactado «asegura el futuro y una paz duradera» en el Ulster.
«Cerramos el último capítulo de una larga y problemática Historia», manifestó Brown en una conferencia de prensa junto al primer ministro irlandés, Brian Cowen, y los líderes unionistas y republicanos norirlandeses en la sede de la Asamblea del Ulster.
El primer ministro británico añadió que el acuerdo representa «un nuevo comienzo para derribar los muros divisorios que aún quedan en pie, no sólo en la política sino en nuestros corazones», y ofrece «la respuesta final para los que quieren violencia» en el Ulster.
La Orden de Orange
El acuerdo establece que Irlanda del Norte recuperará a partir del 12 de abril las competencias de Interior y Justicia, ahora en manos de Londres, y acerca a ambas partes sobre la reorganización de las rutas de las controvertidas marchas de la Orden de Orange -protestante- por ciertas zonas católicas.
Brown informó de que el acuerdo contará con un respaldo financiero de 800 millones de libras (unos 918 millones de euros) para financiar el traspaso de las transferencias, uno de los últimos asuntos pendientes del acuerdo de paz iniciado en 1998.
El último obstáculo para un acuerdo que evitara la ruptura del Gobierno compartido entre unionistas y republicanos fue superado en la noche del jueves después de que el líder del mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP), Peter Robinson, convenciera al ala dura de su partido de que era necesario un compromiso.
En la rueda de prensa de hoy, Robinson consideró que las negociaciones se prolongaron más de lo previsto porque lo «era más importante conseguir un buen acuerdo que un acuerdo rápido».
«Lo que hemos hecho será aplaudido por cualquier persona decente que vive en nuestra sociedad, que quiera que avancemos», declaró el líder unionista, quien afirmó que el acuerdo va más allá de las competencias de Interior y Justicia y abre «un proceso para asumir de manera compartida todas las responsabilidades ejecutivas».