El Gobierno de facto de Honduras cerró dos medios de comunicación afines al depuesto presidente, Manuel Zelaya, el Canal 36 de televisión y Radio Globo, informaron el dueño de esta última, Alejandro Villatoro, y la policía. Efectivos de la policía y militares cerraron ambos medios en cumplimiento de una disposición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), basada en un decreto de suspensión de garantías constitucionales emitido por el Gobierno, explicó el portavoz policial, Orlin Cerrato.
Villatoro indicó que la emisora fue intervenida de madrugada, por militares y policías que tomaron las instalaciones, según narró, «igual a cuando entraron el día 28 de junio», fecha del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Señaló que los efectivos no presentaron una notificación legal para tomar la radio, que funciona desde 1999, sino que la militarizaron directamente.
Las instalaciones del Canal 36 y de Radio Globo están ocupadas por militares y policías, que decomisaron sus equipos y también tienen acordonadas las zonas donde se encuentran los dos medios en Tegucigalpa.
El cierre incluye los transmisores y frecuencias del Canal 36 y Radio Globo en todo el país, indicó Cerrato. La orden de la CONATEL se basó también en las leyes de esa institución y que la decisión «fue motivada por las acciones de llamar a la violencia y a la insurrección al pueblo hondureño» efectuadas a través de los dos medios por Zelaya y por dirigentes del movimiento de resistencia que lo respalda.
Desde antes del derrocamiento de Zelaya, del que hoy se cumplen tres meses, los dos medios mantenían una posición afín a él, apoyaban la consulta popular que propugnaba el presidente y que iba a celebrarse el mismo día del golpe de Estado para promover una Asamblea Constituyente, y también fueron cerrados en esa fecha, aunque después volvieron a salir al aire.
Horas antes, el gobierno de facto de Roberto Micheletti adoptó medidas que restringen durante 45 días las libertades de circulación y expresión, además de prohibir las reuniones públicas no autorizadas. Asimismo, impidió la entrada al país a tres empleados de la Organización de Estados Americanos (OEA).