EFE/REUTERS-TEGUCIGALPA
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, inició ayer en medio de una crisis política el proceso para su pretendida reforma constitucional, declarada ilegal, mientras los militares siguen en las calles ante eventuales disturbios. Mientras, el Parlamento estudia la inhabilitación del presidente.
La iniciativa de Zelaya comenzó con la distribución de unas 15.000 urnas y otro material para la celebración, mañana domingo, de una «consulta popular» en la que los hondureños, según el presidente, dirán si quieren votar en noviembre a favor de una Asamblea Constituyente y la reforma de la actual Carta Magna, que incluiría la posibilidad de la reelección presidencial, entre otros.
El secretario privado del presidente, Eduardo Enrique Reina, dijo que la distribución del material para la consulta comenzó ayer con la participación de voluntarios, entre los que figuran «campesinos, trabajadores y otros sectores del pueblo hondureño». Agregó que la consulta «no es vinculante» y que solo se oponen a ella «grupos de poder que no quieren que se le consulte al pueblo para fortalecer la democracia».
Mientras Zelaya dirigía desde la Casa Presidencial la distribución del material para la consulta popular, más de 10.000 personas, según observadores, se manifestaban ayer en contra con marchas y plantones en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país.
El Ejército, por su parte, mantiene una numerosa presencia en lugares estratégicos de la capital porque la situación en el país sigue siendo «difícil pero superable», según dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, a quien Zelaya destituyó el pasado miércoles.
El pulso se mantiene en Honduras ya que legisladores de la oposición se hallaban ayer preparando un proceso para lograr la destitución de Zelaya declarándolo «incompetente» para ejercer sus funciones y así proceder a su inhabilitación, pues aseguran que ha «violado» las leyes de su país con las últimas acciones emprendidas con respecto a la consulta popular para lograr la reforma de la Constitución.