El Gobierno italiano aprobó ayer con carácter de urgencia un decreto ley para ayudar a las grandes empresas en dificultades financieras y cuyo primer objetivo será tratar de superar la crisis que atraviesa el grupo alimentario Parmalat.
Al mismo tiempo solicitará a la Comisión Europea que reconozca el estado de crisis en el sector lácteo italiano para que se deroguen las limitaciones existentes a las ayudas estatales a los ganaderos.
Según explicó el ministro italiano de Industria, Antonio Marzano, la nueva ley permitirá intervenir en las empresas con más de mil trabajadores y una deuda superior a los 1.000 millones de euros que se encuentren en estado de insolvencia.
Las sociedades afectadas serán gestionadas por un comisario extraordinario con amplios poderes y que será nombrado por el Gobierno para preservar la continuidad de la empresa.
Marzano aseguró que el decreto será publicado en el Boletín Oficial del Estado -requisito indispensable para su entrada en vigor- de forma «muy rápida» y aseguró que el objetivo de la iniciativa en el caso de Parmalat es «salvaguardar el empleo, no a los accionistas ni a la directiva».
El ministro añadió que la nueva ley permitirá intervenir con urgencia y superar la «lentitud» de normativas precedentes sobre crisis industriales, y que en el caso de empresas agroalimentarias -como Parmalatsu departamento actuará en coordinación con el ministerio de Agricultura.
Parmalat es la mayor empresa alimentaria italiana, emplea a 37.000 personas en todo el mundo, factura casi 8.000 millones de euros anuales y arrastra una deuda bruta de más de 6.000 millones de euros.