FRANCE PRESS-LA PAZ
La grave crisis política y social que atraviesa Bolivia provocó
ayer la reacción de la comunidad internacional, que ha urgido tanto
a los grupos indígenas y sindicales como al Gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lozada a dialogar para encontrar una salida democrática
al conflicto, que se ha cobrado la vida de al menos 62 personas en
tres semanas, tras los 28 muertos registrados ayer.
La gravedad de la situación forzó al presidente de Bolivia a sacar al Ejército para controlar las calles de La Paz y expulsar de las mismas a los manifestantes.
Las Fuerzas Armadas tampoco se mantuvieron al margen del conflicto al manifestar que la institución no respalda al presidente «como persona» sino a «un Gobierno legítimamente constituido», de acuerdo a la Carta Magna, aseguró su comandante, general Roberto Claros.
«No estamos apoyando al presidente como persona, sino a la Constitución, (que) a nosotros nos manda defender a un Gobierno legítimamente constituido», declaró el jefe castrense. Tras denunciar un proyecto sedicioso, Sánchez de Lozada, cuyo vicepresidente y cuatro de sus ministros le dieron el lunes la espalda, afirmó en un mensaje que «la Policía y las Fuerzas Armadas están con la democracia».
Mientras, La Paz continuó ayer siendo escenario de multitudinarias manifestaciones en demanda de la renuncia de Sánchez de Lozada. El sindicato de transporte paralizó la capital, donde se manifestaron en contra de la exportación de gas natural.