El Gobierno francés, confrontado a una primavera social «caliente» a causa del rechazo a su plan de reforma de las pensiones, trató ayer de desactivar la crisis en la educación, marcada por repetidas huelgas y manifestaciones, con propuestas de negociación «inmediata» sobre la descentralización.
Tras la reunión de un comité interministerial sobre la enseñanza, en la novena jornada de movilización y paro laboral del año escolar, el primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, anunció que ha pedido a los titulares de Educación y Descentralización que abran «de inmediato y sin a priori» discusiones con los sindicatos.
Éstas deben centrarse en las «misiones y garantías estatutarias del personal y en la forma de aplicar esta reforma necesaria», dijo, al prometer que sólo después de «ese trabajo en común» enviará el proyecto de ley al Consejo de Estado.
La propuesta de Raffarin, que también prometió un debate nacional sobre la educación, suscitó reacciones negativas de los sindicatos. Gérard Aschieri, líder del principal sindicato de funcionarios en la educación (FSU), dijo que Raffarin no responde «prácticamente» a ninguna de las «exigencias», con lo que se expone a «un endurecimiento del movimiento» y «una situación de bloqueo» que puede perjudicar a «todos».