Mientras continúa la incertidumbre acerca de la llegada a la zona de la misión investigadora de la ONU para esclarecer lo sucedido en Jenín, el Ejército israelí comienza a sacar sus propias conclusiones de la operación y ayer reveló numerosos fallos en las acciones de sus tropas. La descoordinación de las distintas unidades que participaron en la invasión de ese campo de refugiados, así como las dificultades para estimar el número de palestinos armados y la inexperiencia de los soldados en una operación de tal envergadura, son algunas de las deficiencias del Ejército israelí en Yenín.
Fuentes militares no identificadas se mostraron críticas con la política seguida por el Ejército israelí de impedir el acceso de la prensa y organizaciones humanitarias a Jenín, «lo que sirvió como pretexto» a los palestino para demostrar que el Ejército llevó a cabo masacres contra civiles en ese campo. Dos expertos forenses holandeses que investigaron sobre el terreno para la organización Cordaid, declararon que el Ejército israelí, sin llegar a perpetrar un «baño de sangre», ha cometido violaciones de Derechos Humanos a gran escala en Jenín. Por otra parte, el presidente de la ANP, Yaser Arafat, no saldrá del complejo de la «mukata» hasta que los tanques israelíes se retiren de toda Ramala, mientras en Belén sus negociadores suspendieron los contactos con el Ejército para poner fin al asedio israelí a la Basílica de la Natividad.
Los primeros pasos para devolver la libertad a Arafat, según una iniciativa del presidente George W. Bush que tanto Israel como la ANP aceptaron el domingo, coincidieron con una nueva incursión de blindados israelíes en el distrito de Hebrón, que causó la muerte a diez palestinos y heridas a más de una veintena. Abed Rabo, minitro de información de la ANP salía al paso de unas declaraciones de su colega israelí de Defensa, Benjamín Ben Eliézer, en el sentido de que Arafat «es libre» de abandonar Ramala «hoy mismo», siempre y cuando se deje en la «Mukata» a los seis activistas y funcionarios palestinos que debe transferir a la custodia conjunta de efectivos de EE UU y Gran Bretaña. Se trata de cuatro milicianos del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) -a los que la ANP condenó el jueves a entre 1 y 18 años de prisión por el asesinato del ministro israelí de Turismo, Rejavam Zeevi, en octubre pasado- y del líder de ese movimiento, Ahmed Saadat.
El sexto es un Fuad Shobaki, encargado de presupuestos para los organismos de seguridad palestinos y a quien Israel responsabiliza de organizar un cargamento ilegal de armas con destino a Gaza, que comandos israelíes interceptaron en enero en aguas del Mar Rojo. La ANP aceptó entregar a los seis a custodia de EE UU y Gran Bretaña, en una cárcel de la ciudad cisjordana de Jericó, en respuesta a una propuesta de Bush para que Israel -que también la ha aprobadolevante el asedio a Arafat. Un grupo de expertos de ambos países revisó la cárcel a la que serán transferidos los activistas palestinos. Con este «trato», Israel espera obtener ayuda de Washington frente a la ONU para alterar las atribuciones de la comisión internacional de investigación de las acciones en Jenín.