La inminencia de un juicio político a la Corte Suprema «fue lo que originó este tema del fallo», aseguró ayer el presidente Eduardo Duhalde. La afirmación de Duhalde, realizada tras otra de su ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, que el domingo tachó de «irresponsable» al máximo tribunal, se produce cuando acaba de iniciar su trabajo una comisión creada por el Parlamento para determinar si es pertinente un juicio político a la Corte Suprema.
También coincide con la entrada en vigor de un plan ideado por el Gobierno para revertir «cuatro años de decadencia», que contiene medidas de alivio de las restricciones financieras conocidas como el «corralito», pero no las levanta totalmente debido a que los bancos no pueden devolver los fondos por problemas de liquidez. El «corralito» fue declarado el pasado viernes inconstitucional por la Corte Suprema, en un fallo que tomó por sorpresa a todo el mundo, y que obligó al Gobierno a retrasar el anuncio de las nuevas medidas e incluso a «reformular» algunas, según admitió Remes.
El fallo, aunque referido al caso concreto de una persona que inició una batalla judicial para recuperar su dinero retenido en el «corralito», es inapelable y sienta jurisprudencia. En previsión de que se produzca una ola de demandas al calor de lo dictaminado por la Corte, el Gobierno publicó ayer un decreto que suspende durante seis meses todos los juicios y demandas contra el «corralito» y contra la conversión a pesos forzosa de los depósitos y deudas en dólares que contempla el nuevo plan económico.
En este sentido, la legalidad del plan económico del Gobierno argentino es el tema de discusión que analizarán desde ayer los tribunales de la República, después de que varios abogados presentaran varias denuncias cruzadas contra Duhalde y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Mientras, el feriado cambiario y bancario dispuesto por 48 horas generó un clima de cierta tranquilidad en el sector financiero, aunque mañana el Gobierno vivirá su prueba de fuego cuando abran de nuevo los bancos.
En medio de la pugna entre el poder ejecutivo y el judicial, las entidades financieras que operan en Argentina deben entregar al Banco Central (emisor) todos los billetes de dólar u otras monedas extranjeras que tengan disponibles para su conversión a pesos, dispuso ayer el Gobierno. La medida, que entró en vigor ayer, establece que las monedas extranjeras serán convertidas con el tipo de cambio de 1'40 pesos por dólar.