Argentina volvió a sacudirse ayer por las protestas callejeras a lo largo de todo su territorio, en algunos casos dominadas por la violencia, en rechazo a las restricciones al acceso al dinero depositado en los bancos y por peticiones de alimentos o de salarios adeudados, mientras el Gobierno de Eduardo Duhalde apura más cambios económicos para evitar un nuevo estallido social. Las ciudades de Córdoba (centro) y Santiago del Estero (noroeste) vivieron los actos más violentos, que incluyeron represión policial y decenas de heridos. En Entre Ríos (este), Jujuy (noroeste), Neuquén (sur) y en varios puntos de Buenos Aires y sus suburbios se reprodujeron las manifestaciones de ciudadanos golpeados por la caída de su poder adquisitivo.
Duhalde decretó ayer una flexibilización del 'corralito' financiero, que mantiene restringido el acceso a más de 65.000 millones de dólares depositados en los bancos. Si bien se permitió que los titulares de cuentas o depósitos puedan usar para realizar compras electrónicas o pago de impuestos hasta 5.000 dólares (antes era hasta 3.000), la incertidumbre y la desconfianza volvieron a reflejarse en el mercado de cambio libre de divisas, donde el dólar cotizaba ayer por encima de los 2'10 pesos, muy lejos del valor de 1'40 fijado por el Ejecutivo argentino para las operaciones financieras y de comercio exterior. La Bolsa de Buenos Aires también daba muestras de desconfianza. A media sesión, las principales empresas crecían un promedio del 11'80%. Según los operadores, la compra de títulos funciona como un resguardo a eventuales nuevos cambios monetarios.
Mientras, la justicia argentina registró ayer oficinas de cuatro grandes bancos privados de Buenos Aires por una denuncia sobre supuestas fugas de capitales ocurridas a finales del año pasado. Asistido por expertos de la policía, el juez federal Norberto Oyarbide ordenó los registros en oficinas del Citibank y de los bancos Río (del español Grupo Santander Central Hispano), Galicia y Boston. El subcomisario Guillermo Calviño dijo que la misión de la policía es buscar «todo tipo de documentos relacionados con la fuga de capitales al exterior». Estos registros siguen a otros ordenados el jueves en oficinas del BBVA-Banco Francés -filial del grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-, de una compañía aérea y de empresas de transporte de caudales.
Por otra parte, el respaldo a Argentina transmitido por el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en una llamada telefónica a Duhalde no alcanzó para serenar los ánimos del Gobierno, que tomó nota de la reiterada solicitud de conseguir un plan «sostenible y creíble». De igual modo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había solicitado esa condición. Los ministros argentinos de Economía, Jorge Remes Lenicov, y del Exterior, Carlos Ruckauf, viajarán a fin de mes a Estados Unidos para informar a su gobierno y al FMI sobre el plan económico, informó ayer el portavoz gubernamental, Eduardo Amadeo. En diálogo con la prensa, Amadeo dijo que el viaje de ambos ministros fue anticipado por Duhalde a Bush durante la comunicación telefónica. Según Amadeo, Duhalde le anticipó a Bush que el gobierno argentino «está trabajando, en contacto con funcionarios del FMI, para concluir la elaboración de un plan económico sustentable».