El presidente francés, Jacques Chirac, afirmó ayer en una intervención televisiva de más de una hora con motivo de la fiesta nacional del 14 de julio, que «los viajes que efectuó entre 1992 y 1995 cuando era alcalde de París fueron perfectamente legales y pagados de su bolsillo» y que «no declarará en el sumario abierto por la Justicia porque «el presidente no es un ciudadano cualquiera y no puede rebajar su autoridad», añadiendo que los jueces «no tienen derecho a poner en cuestión la Constitución». Chirac calificó de escandaloso que se esté utilizando contra él a su esposa y a su hija, pero anunció que su esposa acudirá a declarar ante los jueces porque «es su deber».
Asimismo, se mostró partidario de modificar el Estatuto Penal del presidente de la República una vez pasen las elecciones presidenciales de 2002 y de congelar los fondos reservados del Estado que ahora se reparten sin control. El presidente francés comenzó esta esperada intervención ante las cámaras de televisión haciendo referencia al triunfo de Beijing sobre París como sede de los próximos Juegos Olímpicos y a la seguridad ciudadana, que tanto preocupa, según las encuentas, a los franceses.
A la primera cuestión dedicó dos minutos y unos veinte a las reformales legales y medidas policiales que, en su opinión, deben adoptarse para garantizar la seguridad, sobre todo en el extrarradio de grandes ciudades como París. Éstas son las primeras declaraciones públicas de Chirac sobre el polémico escándalo de los viajes privados, pagados presuntamente con fondos públicos en la época en la que era alcalde de París. Según el sumario abierto, la esposa, la hija de Chirac y otras personas del entorno presidencial gastaron 2.329.144 francos (unos sesenta millones de pesetas) en viajes privados.