El fiscal de París, Jean-Pierre Dintilhac, dio luz verde ayer a los jueces para tomar declaración al jefe de Estado, Jacques Chirac, como testigo asistido por un abogado sobre sus viajes privados pagados en efectivo, lo cual ha abierto en Francia el debate sobre la utilización de los fondos reservados. El Elíseo respondió de inmediato que Chirac no puede atender ninguna citación «contraria al principio de la separación de poderes y a las exigencias de la continuidad del Estado».
Al dar luz verde a los jueces para tomar declaración a Chirac, el fiscal Dintilhac se atuvo a su posición inicial, en contra de la opinión de su superior jerárquico, el fiscal general del Tribunal de Apelación de París, Jean-Louis Nadal. En el tapete está una veintena de viajes privados, pagados en efectivo por un total supuesto de unos 370.000 euros, que el neogaullista Chirac hizo con familiares y allegados entre 1992 y 1995 cuando era alcalde de París.
La decisión de convocar al jefe de Estado les incumbe a los tres jueces, que investigan el asunto de los viajes en el marco de un sumario sobre presuntas comisiones en la adjudicación de contratos de obras públicas en la capital francesa para la supuesta financiación de partidos políticos cuando Chirac era alcalde (1977-95).
El pasado día 22, los jueces habían preguntado al fiscal si podían tomar declaración al jefe de Estado como testigo asistido por un abogado sobre los viajes porque «la cuantía de las sumas» lleva a «interrogarse sobre su origen y su vínculo» con los hechos instruidos. En un comunicado hoy, el fiscal del Tribunal de Gran Instancia de París anunció que ha indicado a los jueces que «son competentes» para tomar declaración del jefe de Estado.