El primer ministro yugoslavo, el montenegrino Zoran Zizic, dimitió ayer en protesta por la extradición del ex presidente Slobodan Milosevic y arrastró con él al Gobierno de la federación que forman Serbia y Montenegro. La dimisión de Zizic supone de facto la caída de todo el Gobierno, que seguirá en funciones hasta la formación de uno nuevo. Zizic representa al Partido Socialista Popular de Montenegro (SNP), aliado hasta ahora en el Ejecutivo federal con la coalición Oposición Democrática de Serbia (DOS). «La dignidad de la nación ha sido dañada con esta forma de cooperar con el Tribunal de La Haya; la comunidad internacional no nos había impuesto condiciones para ello, lo que se hizo fue una solución precipitada», dijo Zizic sobre la entrega de Milosevic.
La entrega a La Haya fue decisión del Gobierno de Serbia, formado por la DOS, y se produjo a falta de un dictamen del Tribunal Constitucional sobre su legalidad. Zizic expuso que ha dimitido porque al asumir el cargo, en noviembre pasado, dijo que lo hacía a condición de que «se preservara la dignidad de la nación», cosa que intentó lograr al coligarse con la DOS, vencedora de las elecciones de septiembre del 2000. El SNP de Montenegro había sido en su tiempo una formación sucursalista del Partido Socialista Serbio (SPS) de Milosevic y habían concurrido a esos comicios en coalición, que luego se rompió. Zizic y los cinco ministros del SNP en el Gobierno federal se habían negado a apoyar el decreto de extradición de Milosevic, que fue aprobado el sábado pasado por los nueve ministros de la DOS.
Anteriormente, el SNP había negado su apoyo a un proyecto de ley de cooperación con el Tribunal de La Haya, insistiendo en que los ciudadanos yugoslavos acusados de crímenes de guerra por esa instancia judicial debían ser juzgados en su país. El presidente yugoslavo, Vojislav Kostunica, que llevó a la DOS a la victoria electoral, tiene excelentes relaciones con el SNP pero lo criticó por negarse a apoyar esa ley. Kostunica criticó la decisión «precipitada e irresponsable» de entregar a Milosevic, sin esperar el dictamen constitucional ni respetar los plazos de apelación concedidos al acusado por el decreto. «No puedo participar en una violación flagrante de los derechos humanos, lo mismo que no pude asegurar una vía legal para la cooperación con el Tribunal de La Haya», dijo Zizic.