La presidencia sueca de la UE volvió a fracasar ayer en su intento de propiciar un compromiso de los Quince sobre la continuidad de las ayudas regionales después de que se produzca la gran ampliación de la Comunidad al Este. El bloqueo sobre el problema planteado por España impidió, nuevamente, que pudiera cerrarse una posición común de los Quince ante las negociaciones con los países candidatos sobre libre circulación de sus trabajadores.
El último intento de la presidencia comunitaria de dar respuesta por medio de una declaración política a la cuestión de la «convergencia estadística» suscitada por el Gobierno español no prosperó, debido principalmente a la resistencia de Alemania y Francia, según dijeron fuentes diplomáticas. El Comité de Representantes Permanentes de la UE, que prepara las decisiones de los ministros comunitarios, celebró esta tarde una reunión extraordinaria en Bruselas para debatir un texto que sintonizaba en gran medida con las aspiraciones españolas.
Pero la delegación alemana consideró desde el principio que la propuesta iba demasiado lejos, mientras que el representante francés, Pierre Vimont, pidió un «tiempo de reflexión» para «calmar los ánimos». Las recientes declaraciones del ministro francés de Exteriores, Hubert Vedrine, en las que afirmó, tras reunirse con su colega alemán, que «no se puede aceptar la petición española tal cual», han añadido leña al fuego.
España ayer contó con el apoyo explícito de Italia, cuyo representante en funciones pidió al Coreper mejoras en el texto para garantizar que las regiones pobres actuales seguirán recibiendo fondos después de la ampliación. Italia, según las fuentes diplomáticas, recordó el origen de la política regional en los años setenta, consideró un éxito lo logrado hasta ahora y pidió que se asegurara su continuidad.
El texto que había presentado la presidencia invitaba a la Comisión Europea a analizar «las consecuencias económicas, sociales y estadísticas de la ampliación» respecto a las ayudas estructurales. Esta alusión al problema denunciado en un memorando por el presidente del Gobierno español, José María Aznar, fue considerada excesiva por un grupo de delegaciones.