Las autoridades de Cincinnati (EE UU) endurecieron ayer las medidas de seguridad en la ciudad, alterada desde el lunes por violentos disturbios a raíz de la muerte de un joven negro por disparos de la policía, por temor a que se desencadenen nuevos incidentes durante el sepelio de la víctima. Tras una noche tranquila, buena parte de Cincinnati (Ohio) se encuentra bajo severas medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes durante el funeral y entierro del joven negro Timothy Thomas, de 19 años, muerto el pasado sábado al ser tiroteado por el agente de raza blanca Stephen Roach, según cuentan los familiares de la víctima.
El funeral por Thomas se celebró ayer en la iglesia baptista 'New Prospect' del barrio negro de Over-the-Rhine, en el norte de Cincinnati, y escenario de la mayor parte de los actos violentos de protesta. Entretanto, diversas organizaciones de la minoría negra de Cincinnati, que constituye el 43 por ciento de los 331.000 habitantes de la ciudad, hicieron un llamamiento a la calma y la comprensión. Los disturbios registrados en los últimos cinco días en las calles de Cincinnati, especialmente en la zona de Over-the-Rhine, obligaron a su alcalde, Charles Luken, a declarar el pasado jueves el estado de emergencia y el toque de queda en la ciudad entre las doce de la noche y nueve de la mañana, hora española. Esta medida ha sido ampliada para la noche de del sábado al domingo ya que, según un portavoz de la policía, se dan todas las condiciones que motivaron su aplicación.
El portavoz policial agregó que durante la segunda noche del toque de queda fueron detenidas 200 personas, en su mayoría por hacer caso omiso a esta disposición. Desde el comienzo de los incidentes, el pasado lunes, han sido detenidas más de 300 personas, agregó el portavoz. De momento, el agente Roach, cuya acción es investigada por la policía federal (FBI) y la oficina de derechos civiles del Departamento de Justicia, ha sido suspendido de empleo, aunque no de sueldo. A petición de numerosos líderes negros, el fiscal general, John Ashcroft, ordenó que un grupo de abogados de la sección de derechos civiles de ese departamento abra una investigación sobre las prácticas y los procedimientos de la policía de Cincinnati.