Por dos votos contra uno, la Primera Sala de Verano de la Corte confirmó la resolución del juez especial Juan Guzmán Tapia, quien el pasado 29 de enero procesó a Augusto Pinochet por los crímenes cometidos en 1973 por la llamada «Caravana de la Muerte». Sin embargo, el tribunal, que tenía el fallo pendiente desde hace tres semanas, rebajó la calificación del delito imputado a Pinochet, desde autor, como había resuelto Guzmán, a encubridor de 57 homicidios y 18 secuestros calificados (desapariciones).
A favor del procesamiento de Pinochet votaron las magistradas Gabriela Pérez y Sonia Araneda, y en contra lo hizo Cornelio Villarroel, quien ya en mayo del año pasado se pronunció en contra del desafuero parlamentario del senador vitalicio. Esa vez, Pérez y Araneda se pronunciaron a favor del desafuero, que fue aprobado por 14 a 6, y ratificado posteriormente, el 8 de agosto, por la Corte Suprema.
En un primer momento, abogados querellantes indicaron que la Corte había ordenado también la libertad provisional de Pinochet, pero posteriormente se aclaró que seguirá con el arresto domiciliario que el juez Guzmán dispuso el pasado 31 de enero, y que el ex dictador cumple en su finca costera de «Los Boldos», a 130 kilómetros de Santiago. El dictamen puede ser recurrido ante la Corte Suprema, pero sólo mediante un recurso de queja, que debe basarse en vicios o abusos que puedan haber cometido los jueces que lo emitieron.
Según fuentes judiciales, lo más probable es que, sin perjuicio de lo anterior, ahora la defensa de Pinochet concentre sus esfuerzos en la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, que debe pronunciarse sobre una solicitud para que el caso del ex dictador sea sobreseído por razones de salud. El fallo provocó inmediatas reacciones de los detractores y partidarios del ex gobernante, pero sin la exaltación rodearon anteriores decisiones judiciales del «caso Pinochet».