La decisión del magistrado Gabriel Cavallo se produjo antes de que se cumpla, el próximo 24 de marzo, el 25 aniversario del golpe de Estado que dio paso a un régimen «de facto» (1976-1983) en el que desaparecieron con presunción de muerte al menos 9.000 personas por motivos políticos. Cavallo declaró la «inconstitucionalidad e invalidez» de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que en 1987 pusieron fin a las investigaciones y procesos judiciales contra un millar de militares y policías implicados en la represión ilegal.
La medida fue tomada en el marco de una causa en la que se investiga la apropiación ilegal de la hija de un matrimonio de desaparecidos y ante una solicitud presentada por la organización de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El Gobierno anunció que no tomará ninguna medida ante el fallo judicial, que ha causado inquietud entre los miembros del Ejército y fue celebrado por las organizaciones humanitarios.
La polémica aprobación de ambas leyes fue impulsada por el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín con el declarado objetivo de avanzar hacia la reconciliación nacional, después de que los jefes de las Juntas Militares fueran condenados a prisión perpetua en 1985. Ese proceso se cerró en 1990, cuando el entonces presidente Carlos Menem concedió un indulto a los jerarcas de la dictadura.
Las dos normas fueron derogadas por el Parlamento argentino en 1998, lo que determinó que cualquier persona acusada por actos de represión cometidos a partir de esa fecha puede ser juzgada, aunque la derogación no conlleva efectos retroactivos. El nuevo ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, dijo que el Gobierno «no va a hacer nada» ante el fallo del juez Cavallo, aunque opinó que la leyes de Obediencia Debida y el Punto Final son «constitucionales» porque fueron «promovidas y votadas por el Congreso».