La negociación del pacto entre el PP y Vox para gobernar juntos en el Consell de Mallorca, que anunciarán en breve en una rueda de prensa conjunta, incluye aspectos de gran calado en materia de carreteras. Hay consenso para finalizar con recursos propios de la institución insular el tramo I del segundo cinturón, que une Son Ferriol y el Coll d'en Rabassa, según explicaron este viernes a este diario fuentes cercanas a la negociación.
Los dos partidos también están negociando prolongar la autopista de Campos hasta Santanyí y la de Sa Pobla hasta Alcúdia, una de las exigencias de Vox, pero el asunto está generando problemas en una negociación que está siendo "muy dura", según destacan. El PP insiste en que este asunto no está en su programa electoral y no comparte la exigencia de Vox.
Vox está decidido a mantener el pulso, pero, en todo caso, plantean que la construcción quede supeditada a si el futuro gobierno insular consigue financiación suficiente por parte del Estado para llevarlas a cabo. Una circunstancia que también dependerá de los resultados de las elecciones generales del 23 de julio. Si el PP y Vox suman en el Gobierno, será más fácil que lo consigan que en el caso de que revalide la coalición de izquierdas encabezada por Pedro Sánchez.
La ampliación de la autopista de Campos, aprobada por unanimidad entre los partidos de derechas e izquierdas en la legislatura de 2015-2019, puso contra las cuerdas ante su electorado a Més, especialmente, pero también a Podemos y en menor medida al PSIB, porque antes de gobernar la rechazaban y acabaron haciéndola. Su construcción también desencadenó críticas desde el movimiento ecologista, que se agrupó entorno a la Plataforma Antiautopistes, que organizó una manifestación que transcurrió por la vía cuando todavía estaba en obras. Sin embargo, en el caso de la prolongación a Santanyí y Alcúdia, no ha habido petición de los ayuntamientos para hecr estas obras, a diferencia de lo que sucedió en Campos.
Donde también está habiendo dificultades para ponerse de acuerdo durante la negociación del acuerdo programático es en cómo plantear la auditoría del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) por el caso de las menores explotadas sexualmente. Es una medida que ambos partidos llevaban en su programa, pero Vox quiere que haya responsabilidades penales, mientras que el PP no apuesta por una vía tan dura.
Además, Vox, como ya adelantó este diario, exigirá tener una vicepresidencia, eliminar la dirección insular de Política Lingüística y que se acabe con todas las subvenciones que la institución insular da a la Obra Cultural Balear (OCB). Gestionar el departamento de Medi Ambient y la Direcció Insular de Desenvolupament Local y Caça es otra de las peticiones que hacen al PP.
Proteger Sa Feixina
Vox quiere que el acuerdo también incluya la protección definitiva del monolito de Sa Feixina de Palma para que sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC). En la práctica, ya está protegido porque a finales del año pasado el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso de casación presentado por la asociación Memoria de Mallorca contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears sobre la protección del monumento levantado por el franquismo en recuerdo de los marineros muertos en el hundimiento del crucero Baleares. La entidad presentó un recurso de amparo que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional para suspender dicha declaración hasta que no haya una resolución en firme.
Los símbolos franquistas del monolito fueron eliminados cuando la socialista Aina Calvo fue alcaldesa de Palma. Es uno de los argumentos por los cuales los tribunales han rechazado las peticiones para derribarlo, por no incumplir la Ley de Memoria Democrática. Aun así, durante las dos últimas legislaturas el Pacte ha intentado derruirlo sin éxito