El acuerdo programático de gobierno entre PP y Vox en la Comunitat Valenciana, anunciado este jueves, incluye objetivos como «sacar la ideología de las aulas», libre elección de centro y de la lengua entre las dos oficiales en todas las etapas educativas, «erradicar la violencia intrafamiliar» -garantizando la igualdad «entre todas las víctimas»- o crear una oficina especializada frente a la ocupación ilegal de viviendas.
El pacto consta de 50 puntos, que se acuerdan hacer efectivos, y entre ellos, se comprometen a que la Generalitat, dentro del ejercicio de sus competencias, pondrá en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «los posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas».
Otros de sus compromisos son derogar «las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos», eliminar la tasa turística, suprimir organismos «innecesarios» o apostar por un modelo de radio y televisión pública «que sea racional con la coyuntura económica» y emita «unos contenidos que reconozcan la pluralidad de la sociedad valenciana en su conjunto, que favorezcan la concordia y respeten los valores institucionales».
Este programa de gobierno llega después del preacuerdo que anunciaron PP y Vox el pasado martes 13, que contenía cinco puntos escuetos que fueron criticados por representantes de otros partidos. Ante estas críticas, el cabeza de lista de Vox en el 28M, Carlos Flores, que finalmente no formará parte del Consell al ser el cabeza de lista por Valencia al Congreso para el 23J ante la la «línea roja» que puso el PP a su condena por violencia de género en 2002, avisaba este miércoles que el programa era más largo, de 50 puntos.
«No se enfade por la chuleta que llevé ayer durante nuestra rueda de prensa. Espérese a ver nuestro programa completo de gobierno y verá cómo entonces sí que tiene motivos para enfadarse. 50 motivos para ser exactos», replicó Flores a la candidata de Compromís al Ayuntamiento de València, Papi Robles, que había reprochado tener «cero propuestas». En estos 50 puntos, PP y Vox anuncian algunas de las medidas que pretenden desarrollar en los ámbitos de 'Libertad', 'Economía, 'Mundo rural, Agua y Patrimonio', 'Reducción del gasto político', 'Educación y Lengua', 'Sanidad', 'Políticas sociales, Familia y Vivienda', 'Infraestructuras' y 'Seguridad'.
En 'Libertad' apuestan por defender «la unidad de España, la igualdad entre españoles y la riqueza y la diversidad cultural», así como reivindicar «la historia de España y de la Comunitat Valenciana» y garantizar «la libertad de memoria y el absoluto y pleno respeto a los derechos y libertades de todos». También pretenden aprobar una «ley de señas de identidad» que proteja los valores y costumbres y tradiciones valencianas y eliminar las subvenciones a las entidades que «promuevan los 'països catalans'».
Otros de sus objetivos son exigir al Gobierno un nuevo marco de financiación autonómica o eliminar trabas burocráticas y legislativas. En 'Economía', PP y Vox prometen eliminar los impuestos de sucesiones y donaciones y patrimonio, una «reducción drástica» del IRPF en todos sus tramos, especialmente a los salarios medios y bajos, y una bajada de las tasas autonómicas «que impiden el crecimiento y desarrollo del tejido industrial», junto a la eliminación de la tasa turística que iba a entrar en vigor en 2024 con aplicación voluntaria por parte de cada ayuntamiento.
En 'Mundo rural, Agua y Patrimonio', apuestan por defender las tradiciones y fiestas, por proteger a los agricultores «en todas las instancias», por instar al Gobierno y a la UE a proteger los productos autóctonos y por medidas fiscales que contribuyan al relevo generacional en el campo. Además, garantizan que defenderán «en todas las instancias» la política de trasvases como el del Tajo-Segura, exigiendo un plan estatal del agua y un «pacto por el agua», y que impulsarán la ampliación de regadíos y el desarrollo de zonas despobladas.
En 'Reducción del gasto político' prometen reducir el número de consellerias, altos cargos, asesores y organismos innecesarios, así como promover la concurrencia competitiva como método para optar a subvenciones.
En 'Educación y lengua', PP y Vox quieren velar por la libre elección de centro y lengua en todas las etapas, así como que los padres elijan «libremente» y «autoricen» el contenido de las actividades extracurriculares. También reforzar la inspección educativa para «sacar la ideología de las aulas», aprobar un plan para «dignificar» la labor del docente y garantizar la educación «libre, gratuita y universal desde los 0 años».
En 'Sanidad' quieren aumentar el presupuesto hasta el 30% del total de las cuentas de la Generalitat, sobre todo en Atención Primaria, y elaborar un plan que asegure una atención ágil y de calidad y ofrezca incentivos para cubrir plazas de difícil cobertura. Además, plantean ampliar las plazas y estudiar la posibilidad de construir nuevos centros sanitarios en las zonas más necesitadas. Otras de sus medidas son aumentar la plantilla de los servicios de emergencias, recuperar los CICU de Alicante y Castellón, reforzar la concienciación sobre la salud mental y la lacra del suicidio o la soledad no deseada.
No hay referencias en el acuerdo sobre la continuidad de las reversiones de departamentos sanitarios a gestión pública. En 'Políticas sociales, Familia y Vivienda', PP y Vox apuestan por crear una ley integral de protección a la familia que incluya medidas para el fomento de la natalidad con ayudas al nacimiento, además de garantizar que las ayudas llegan a «las familias que más lo necesitas». Prometen un marco de apoyo a la conciliación y al teletrabajo, aumentar el parque de vivienda y facilitar su acceso a jóvenes y familias, estableciendo que «la Generalitat avalará hasta el 20% del coste total de la primera vivienda a los jóvenes».
Por otro lado, garantizan que perseguirán «erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas». En 'Infraestructuras' proponen ejecutar todas las inversiones pendientes para garantizar la conectividad, especialmente por vía ferroviaria, entre las tres provincias, así como impulsar el desarrollo del Corredor Mediterráneo para atraer más inversiones y aumentar el tamaño de las empresas.
Y en 'Seguridad', PP y Vox prometen que, en caso de que se produzca una ocupación ilegal de un inmueble, garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios, además de crear una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de los afectados.
«La Generalitat, dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas», recoge el acuerdo. Por último, prometen apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y asegurar «el orden público y la seguridad de los barrios, ambos pilares prioritarios».