Para algunos un cheque en blanco que pone en peligro la convivencia. Para otros el punto de inicio necesario para abrir una senda distinta. Las comparecencias primero del número tres del PSOE, Santos Cerdán, y luego del líder de Junts, Carles Puigdemont, han aclarado algunos términos sobre la futura ley de amnistía. Sin embargo otros elementos quedan en un terreno gris, a la espera de la evolución de los acontecimientos.
La ley de amnistía pactada entre los socialistas y las formaciones independentistas catalanas cuenta entre las características conocidas con que no alude a nombres concretos. «Serán los jueces, según el PSOE, los que valoren quién puede beneficiarse» aunque Puigdemont ha ratificado la «voluntad compartida de no dejar fuera a nadie que ha sufrido persecución por apoyar el proceso de independencia de Cataluña».
En este sentido, la medida de gracia acordada por el PSOE y los soberanistas catalanes abarcará a representantes políticos y ciudadanos vinculados con decisiones y procesos judiciales en torno al procés entre 2012 y 2023. También incluirá a personas implicadas en casos del llamado lawfare o judicialización de la política que, como denuncia Junts, se han visto perjudicadas por un «uso estratégico de las leyes».
El texto pactado por PSOE y Junts reconoce las «profundas discrepancias» que separan a ambas formaciones políticas y a pesar de eso compromete el voto afirmativo de los siete diputados de Junts al candidato a la investidura Pedro Sánchez. De cara a facilitar la aprobación de los presupuestos, como pretendían los socialistas, y dar así estabilidad a toda la legislatura, lo firmado compromete a ir aún más allá aunque siempre sujeto a los avances en la negociación, que esta vez contará con un mecanismo de verificación internacional que realice un puntual seguimiento de los acuerdos.
Ahora, y como preámbulo a la investidura de Sánchez, el texto de la proposición de ley sobre la amnistía pactado entre PSOE y Junts se remitirá a los grupos parlamentarios que anunciaron el sentido favorable de su voto ante el intento del candidato socialista a repetir como presidente del Gobierno. Con el visto bueno de los grupos, la proposición se presentará en el registro del Congreso para que sea después admitida a trámite por la Mesa de la cámara baja. No obstante, su aprobación podrá demorarse hasta dos meses con el cambio de Reglamento aprobado justo este pasado miércoles por la mayoría absoluta del PP en el Senado.