La falta de vivienda a precio asequible tanto para alquilar como para comprar supone todo un desafío para la isla de Eivissa, que ve como en las afueras de la capital ibicenca proliferan los asentamientos de chabolas y tiendas de campaña de trabajadores incapaces de asumir el pago de un alquiler pese a contar con un salario y un trabajo estable. Un problema que desde hace varias temporadas afecta al sector empresarial ibicenco y a los servicios públicos.
El último informe publicado por el portal inmobiliario Fotocasa esta misma semana, establece que las Illes Balears son la comunidad autónoma con el precio de la vivienda de segunda mano más caro del país, con un coste de 4.159 euros por metro cuadrado, un 13,1% más que hace un año. Una cifra que en tres de los cinco municipios de la isla de Eivissa se supera con creces. De hecho, el municipio donde es más caro comprar una vivienda usada en el archipiélago balear es el de Eivissa, con un precio de 7.020 euros/m2. Y por detrás estaría otro municipio ibicenco, el de Santa Eulària des Riu, con 5.884 euros/m2. En tercer y cuarto lugar se situarían los municipios mallorquines de Calvià (5.871 euros/m2) y Andratx (5.744 euros/m2), mientras que el top 5 de los municipios más caros lo cerraría Sant Josep de sa Talaia con 5.611 euros/m2. Unos precios que, no obstante, siguen siendo un chollo para compradores extranjeros que ven en Eivissa una oportunidad para sus inversiones inmobiliarias. Una situación que ha provocado que grupos hoteleros reserven parte de sus habitaciones para alojar a sus propios trabajadores. Una práctica habitual muchas décadas atrás y que ahora vuelve ante la situación de emergencia habitacional que vive la isla de Eivissa.
ALQUILER ILEGAL. Mientras, el Consell d'Eivissa continúa su lucha contra el alquiler turístico ilegal, una de las actividades que más ha tensionado el mercado de la vivienda. En el pasado mes de mayo, la institución ibicenca interpuso once sanciones por valor de 440.000 euros por la comercialización de pisos turísticos ilegales y ya ha recaudado este año 153.000 euros en sanciones por este concepto. Sin embargo, desde el Consell d'Eivissa reclaman desde hace tiempo la necesidad de cambiar la Ley de Turismo o la Ley de Actividades para que el alquiler turístico sea considerada una actividad económica y sea posible precintar los pisos que se alquilen de forma irregular a turistas. Un cambio legal que el actual Govern de Marga Prohens parece estar dispuesto a abordar.
PROMOCIONES. Otro de los aspectos en los que las administraciones públicas trabajan para intentar solucionar la falta de vivienda asequible en Eivissa es la promoción de viviendas. Sin embargo, en lo que llevamos de legislatura tan solo el Ajuntament de Santa Eulària ha anunciado iniciativas en este sentido. Concretamente, Santa Eulària proyecta la construcción de tres promociones de viviendas destinadas al alquiler a precio limitado para construir unas 240 viviendas siguiendo el modelo ‘build to rent'. Unas promociones cuyos pliegos se están ultimando para poder sacar a licitación su construcción y ceder su gestión durante 75 años, con el objetivo de que las obras puedan iniciarse en 2025.
El resto de ayuntamientos, no obstante, aún no han cedido esta legislatura ningún solar al Ibavi para que levante promociones de VPO y ahora mismo en Eivissa tan solo está en marcha la construcción de 60 pisos protegidos en la céntrica avenida Isidor Macabich de la capital ibicenca. Una sesentena de viviendas a las que se añadirán las 532 previstas en el barrio de Ca n'Escandell y que levantará el SEPES, que ya ha sacado a licitación la urbanización de la zona. Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) de Balears, que la semana pasada celebraron unas jornadas en Eivissa, aseguran que en la mayor de las Pitiüses harían falta construir un millar de VPO en régimen de alquiler al año para rebajar los precios de los alquileres en la isla, que ahora mismo continúan desbocados.