Les Illes Balears se enfrentan ya a un escenario de enorme dificultad e importantes consecuencias sociales. Nadie discute hoy que el acceso a la vivienda para la población residente se hace cada día más complicado con unos precios inaccesibles, y al alza, tanto para la compra como para el alquiler. A la vez, las infraestructuras están desactualizadas y no dan abasto para el creciente número de residentes y visitantes.
Y, mientras, las sucesivas administraciones han ido apostando por un enorme acúmulo legislativo, parches a corto plazo, que solo ha provocado una tremenda inseguridad jurídica y que prácticamente nada han aportado a la solución estructural de estos problemas.
En este contexto y en el seno de CAEB, el sector de la construcción en su conjunto y de común acuerdo ha tomado la iniciativa y ha presentado a la sociedad un documento que, con las aportaciones de todos los agentes políticos y sociales, dé pie al Libro Blanco del Urbanismo y la Edificación en Balears.
Una herramienta que promueve un debate positivo para alcanzar el consenso social con objeto de definir los próximos 20 años de actuación pública y privada en materia de urbanismo, vivienda e infraestructuras en Balears.
Un documento que debe ser tenido en cuenta puesto que surge de profesionales, empresarios del sector, miembros de asociaciones profesionales, técnicos, notarios, abogados, y en general, agentes activos de la sociedad con gran experiencia y muchas ganas de ayudar a mejorar nuestro entorno en el ámbito de la edificación y la vivienda.
Es una reflexión sobre la necesidad de adaptar el sector de la promoción inmobiliaria, el sector del urbanismo y el de la construcción y obra pública a las necesidades a que tanto la presión demográfica como el empuje del mercado van a someternos en los próximos años.
La imposibilidad de acceder a una vivienda es probablemente una de las causas de desigualdad social, junto con el desempleo, más importantes que se puede dar en una sociedad moderna y de la que surgen toda una serie de males, tanto económicos como sociales, que deberían inquietarnos y preocuparnos. Deberían ser prioridad para nuestros gobernantes, para los actores sociales y para la ciudadanía en general.
De lo contrario, obviar esta necesidad, nos llevará a un problema social de difícil solución que desde hace años viene siendo anunciado por empresarios del sector, asociaciones y colegios profesionales sin que percibamos la clara, decidida y efectiva intervención de los poderes públicos que tienen las capacidades necesarias para actuar.
Las administraciones están fallando porque, todo lo anterior, pasa por adoptar una estrategia clara y consensuada del modelo de urbanismo.
La solución es afrontar el problema en toda su magnitud y no podrá conseguirse sin un impulso para que la colaboración público-privada sea la base de un trabajo que debe ir tejiendo soluciones prácticas y eficientes. Es necesario un consenso político en los aspectos más básicos del desarrollo urbanístico y territorial de las islas.
La visión que se adopte a partir de ese consenso debe ser duradera y la solución a este problema debe pasar por la determinación de una estrategia a medio y largo plazo de acceso a la vivienda y, más aún, por un diseño completo del uso de nuestro territorio, de planificación de nuestras ciudades y pueblos, de eficiencia en la edificación con un nuevo ecosistema de valores hacia entornos más limpios y descarbonizados y de dotación de las infraestructuras precisas anteponiendo, en todo momento, las nuevas necesidades de la población.