Cuando los políticos insulares discuten sobre el Régimen Especial de las Illes Balears (REIB), sea cual sea su color político, siempre parecen ponerse de acuerdo: nuestra comunidad sufre unos costes y desventajas causados por el hecho insular y necesita financiación y ayudas específicas.
Otra cosa es su capacidad y voluntad de defenderlo ante el Estado en Madrid. Coincida o no el color del partido que rige los destinos de Balears o españoles en su conjunto, los resultados tras duras negociaciones acaban siendo entre nulos y mediocres.
La presidenta Francina Armengol se ha reunido con el presidente Pedro Sánchez y el resultado, según nota de la Moncloa, es que el Gobierno de España tiene intención de “llevar al Congreso un nuevo Régimen Especial para Balears” así como “el compromiso de realizar inversiones específicas por parte de los diferentes ministerios para paliar el hecho insular”.
Buenas intenciones que se supone se concretarán en el descuento del 75% de los residentes al viajar e inversiones varias. La consellera Catalina Cladera, por su parte, cifra el paquete de medidas acordado en “unos 500 millones de euros”, si bien en esta significativa cifra incluye partidas ya vigentes (70 millones del descuento aéreo y marítimo a residentes) y conceptos que podrían estar generosamente calculados (como los 170 millones de inversión anuales para equipararnos a la media, cuando esta partida a día de hoy representaría solo unos 60 millones).
Para poder valorar el éxito de la actual negociación deberemos esperar a que realmente haya algún acuerdo firmado y ratificado por el Congreso, ya que lo que a día de hoy tenemos son palabras, livianas, si atendemos a las experiencias pasadas. A pesar de ello, posible es hacer algunas apreciaciones de las medidas ya anunciadas.
En el documento “Hacia un nuevo REIB” del GOIB, accesible online, se relaciona una batería de 23 medidas cuyo impacto económico total (teniendo en cuenta que no todas las exigencias están cifradas) sería de 1.340 millones. Las partidas más relevantes son los 400 millones del Fondo de Insularidad (FIIB) y del brindis al sol de 800 millones de la medida que pretendía tipos especiales del IVA.
En el documento analizado se deja muy claro que los 400 millones del FIIB son aparte de las inversiones estatales que se hagan en nuestra isla, exactamente: “La previsión de un Fondo insular balear no tiene que afectar a las inversiones estatales que se hagan en las Illes Balears, pues la dotación y finalidad del Fondo tiene que ser al margen de estas inversiones”.
Pasemos de los números a la opinión: conseguir un compromiso con el Estado que suponga inversiones en la media, sin un fondo insular independiente con un compromiso cifrado (400 millones es lo que calcula el GOIB en base a “la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje que representa la población de derecho de las Illes Balears sobre el conjunto de las inversiones que realiza el Estado a las comunidades autónomas de régimen común”) no se puede vender como un éxito negociador de nuestro Govern.
Más bien hablaría de desencuentro evidente, más sangrante si tenemos en cuenta que las partes negociadoras hoy son del mismo color político. Bajo el supuesto voluntarioso de que se acabe aprobando en el Congreso un texto con medidas fiscales favorables en el primer semestre de 2019, tengamos muy claro los ciudadanos de las Illes Balears que no será un REIB, aunque le llamen así.