Poniendo por delante el apoyo empresarial, explícito y sin ambages, a la mejora continua de las condiciones medioambientales y el respaldo a los objetivos que promueve el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobado por el Govern balear, pendiente aún de su correspondiente tramitación parlamentaria, se hace necesario abordar, con sentido común y sin fanatismos, aspectos del proyecto de ley que preocupan a los ciudadanos, que están en boca de todos y que, ciertamente, están generado controversia social e incertidumbre en torno a un tema concreto: el diésel.
El proyecto de ley tiene entre ceja y ceja al diésel, al que discrimina por tecnología y no por emisiones que, siendo de medio ambiente de lo que hablamos y según dicta el sentido común, es lo que debería importar. Al contrario, se regula sin argumentos técnicos diciendo, y cito textualmente, que “se trata de una ley puntera en España y en Europa, que pone a la comunidad balear a la vanguardia” y, tal vez, proponiendo soluciones donde puede que no haya un problema ya que, afortunadamente, los mismos que impulsan el proyecto de ley confirman, y la cita también es textual, que la calidad del aire en Balears es “entre buena y excelente”.
Lo cierto es que, por sorprendente que parezca, el proyecto de ley no solo no actúa contra los vehículos más viejos que, como todo el mundo sabe, son los que más contaminan, sino que, al contrario, garantiza que puedan seguir circulando hasta que el motor aguante, libremente y sin límite de tiempo ni de emisiones, mientras que a los coches diésel nuevos, que salen de fábrica cumpliendo la restrictiva normativa europea e incorporando sistemas que los hacen menos contaminantes incluso que los de gasolina, se les prohibirá circular en Balears a partir de 2025. Y los de gasolina, pese a tener más emisiones que los diésel, podrán hacerlo hasta 2035. El problema no es el diésel, son los coches viejos que circulan por nuestras carreteras que son responsables del 80% de las emisiones.
Otro aspecto nada baladí es que los diésel podrán conducirse por el resto de España y de Europa, pero no en Balears, cuestión esta que habrá que ver cómo se ejecuta porque está legislada y reconocida la libre circulación por el territorio nacional y europeo y porque la Constitución en su artículo 14 garantiza la igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por cualquier condición o circunstancia. Además, sería una situación anómala en Europa, ya que en todas las ciudades -del país y del continente- las restricciones de circulación se basan en los niveles de emisiones de los vehículos, que están directamente vinculadas a la antigüedad de los mismos. Aquí, simplemente, lo haremos al revés.
Este desatino, esta falta de sentido común que incorpora el polémico proyecto de ley balear, resulta tan evidente para todos los ciudadanos como perjudicial para el medio ambiente, ya que la consecuencia lógica de su aplicación pasará, obligatoriamente, por el progresivo envejecimiento del parque automovilístico de Balears, ya de por sí uno de los más anticuados de España y responsable de empeorar la calidad del aire. Un efecto nocivo que se acrecentará por la ausencia de medidas de apoyo al vehículo eléctrico y la falta de estímulos para la adquisición de vehículos libres de emisiones que no están -ni se prevé que lo estén en el corto plazo en el que pretende entrar la ley balear en vigor- ni mucho menos al alcance de todos los bolsillos.
Por qué se prohíben los coches nuevos diésel y a los viejos que son más contaminantes se les permite circular ad eternum es algo que los ciudadanos merecen que les sea explicado por parte de quienes promueven esta ley, probablemente más motivados en legislar a golpe de titular y con el ansia de ser etiquetados como los más vanguardistas, que en reconocer a sus votantes que son ellos los que van a pagar esta campaña de imagen.
Protejamos el medio ambiente, sí; avancemos hacia un futuro más sostenible, sí; pero hagámoslo bien, con sentido común y sin fanatismos que, aunque den titulares efectistas, se demuestran contradictorios, polémicos, confunden a la sociedad y resultan ineficientes para el medio ambiente y costosos para el bolsillo de los ciudadanos.