El reciente anuncio de una amplia subida de impuestos para financiar un mayor nivel de gasto social en España contrasta con la profunda revisión del estado de bienestar que están realizando un gran número de países desarrollados. Esta revisión viene provocada por los cambios sociales acaecidos recientemente (envejecimiento, emigración y cambios laborales), así como por el diseño de nuevos instrumentos necesarios para la obtención de un estado de bienestar compatible con un crecimiento sostenido. En realidad, lo que está en revisión es la propia interpretación del concepto de estado de bienestar.
Tal y como da a entender el gobierno actual, el concepto de estado de bienestar se asocia habitualmente a los movimientos políticos de izquierda y a la defensa de una mejor distribución de la renta. Por el contrario, parece existir la creencia de que los partidos de orientación liberal son los grandes rivales del estado de bienestar, cuando, en realidad, las políticas de bienestar son una herencia del pensamiento económico liberal.
En 1942, el economista inglés Willian Beveridge publicó su famoso informe sobre el sistema de seguros sociales inglés en el que identificaba los 5 gigantes a los que se debía atacar para fomentar el desarrollo de una economía capitalista liberal. Según Beveridge, para animar a que cualquier individuo persiguiera sus deseos libremente desde el punto de vista económico, el Estado debía garantizar una mínima red de seguridad que le ayudara en su empeño. Para ello, el Estado debería proveer un sistema de subsidios que cubrieran las posibles situaciones adversas en las que podía encontrar el individuo, como eran la vejez, las minusvalías, el desempleo, la maternidad u orfandad y la enfermedad.
Por el contrario, hoy en día asociamos al estado de bienestar a la distribución de rentas desde los ricos a los pobres, cuando gran parte del estado de bienestar no es más que un diferimiento de rentas desde las épocas de juventud hacia épocas más tardías (pensiones, desempleo, salud, etc.) o un proceso de mutualización de contingencias (invalidez, accidentes, etc.). El problema de este sistema es que con el paso de los años gran parte de los países de la OCDE han empezado a poner en duda su eficiencia por su sesgo paternalista.
Tal y como señalaba recientemente The Economist, la pérdida de subsidios aparejada a la incorporación a un trabajo puede suponer un impuesto marginal de un 80% de la renta de un individuo que al percibir de nuevo un salario no solo debe pagar de nuevo impuestos por sus ingresos, sino que deja de beneficiarse de los subsidios que hasta entonces recibía. Ante estas situaciones el incentivo para trabajar desaparece y el paternalismo del Estado se ve como un peso excesivo para los verdaderos contribuyentes y cotizantes del sistema.
Más aún, el envejecimiento de la población, la inmigración y las nuevas formas de empleo implican la necesidad de reformas. Alemania, Japón o Dinamarca han asociado el aumento de pensiones al aumento de ingreso, o han limitado el acceso de forma temporal o definitiva a los inmigrantes al estado de bienestar en contraste con la generalización de prestaciones a los nacionales para evitar los crecientes movimientos nacionalistas.
¿Y mientras tanto, qué hacemos en España? Tras el cambio de gobierno hemos indexado de nuevo las pensiones, eliminando de un plumazo el sistema de sostenibilidad que ligaba la evolución de las pensiones a la evolución de la recaudación del sistema. Hemos abierto las fronteras y generalizado el acceso a las tarjetas sanitarias, y nos planteamos una contrarreforma laboral que reintroduzca rigideces en el sistema. En definitiva, parece que de nuevo volvemos a nadar a contracorriente en la falsa creencia de que todos los demás se equivocan.