La inversión privada parece que quiere contribuir a la recuperación pero la inversión pública no acompaña. Este es el sentimiento que las patronales de la construcción perciben en Menorca. Tanto desde la Asociación de Constructores de Balears en Menorca, como desde la Asociación de Empresas de la Construcción de Menorca, opinan que se ha iniciado la senda de la recuperación ya que las estadísticas de visados que facilita el Colegio de Arquitectos de Menorca así lo indican, pero el ritmo es lento y las circunstancias actuales han convertido esta recuperación en frágil y, por lo tanto, hay más prudencia que optimismo.
A nivel de contratación, el año 2016 había empezado en la isla liderando el descenso de las cifras de paro en Balears, con una reducción del 12,5 por ciento y situándose por encima de la media balear. Un descenso que en el sector de la construcción, se había cifrado en un 14,8 por ciento, lo que traducido a contratos significaba que en enero se firmaron 330 contratos, 47 más que hace un año.
RECUPERACIÓN. La recuperación está siendo limitada. De enero a diciembre del año pasado se visaron 632 proyectos entre viviendas nuevas y obra turística que, comparado con las cifras de 2014, fueron muy positivas porque supusieron un incremento de un 42%. Sin embargo, “es una recuperación muy relativa, ya que se están comparando datos de un periodo de tiempo que prácticamente no ha existido actividad”, explica Paco Cardona, delegado en Menorca de la Asociación de Constructores y perteneciente a la CAEB. “Para hacernos una idea, en el año 2007 se visaron casi 1.500 proyectos de vivienda nueva, por ejemplo”, comenta Cardona.
En cifras, en el año 2007 el importe de los proyectos visados ascendió a 184 millones de euros y en 2015, de enero a octubre, se situó en 62. O si nos fijamos en numero de trabajadores, en 2009 había 3.145 y en 2015, 1.867.
El sentimiento general es una falta de confianza ante la actitud de la administración local e insular. “La aprobación de la Norma Territorial Transitoria por parte del Consell en 2015 transmitió algo de esperanza a nuevas inversiones pero con el Decreto Ley 1/2016 la inseguridad jurídica vuelve a repercutir negativamente”, explica Nicolás Bosch, presidente de la Asociación de Empresas de Construcción en Menorca y perteneciente a la PIME. “Se ha suspendido cautelarmente la construcción de grandes superficies comerciales, se han suspendido determinados artículos de las leyes del suelo, de la norma territorial transitoria y esta situación frena las inversiones”, puntualiza Cardona. Por otro lado, la proliferación de nuevas empresas que provienen de autónomos con una pequeña infraestructura está generando una excesiva competencia que, ante la falta de trabajo, hace temer una pérdida de calidad y de competitividad.
Por su parte, desde PIME, Nicolás Bosch reclama que se mantengan las líneas de ayudas que algunas administraciones locales pusieron en marcha para rehabilitación de fachadas de los edificios. “Este tipo de medidas contribuyen a impulsar la economía de nuestro sector, severamente afectado por la crisis económica”.
INVERSIÓN PÚBLICA. Las patronales expresan decepción ante las cifras de inversión territorial para Menorca en los presupuestos de la comunidad autónoma ya que han bajado respecto a 2015. “La inversión prevista ha bajado un 9% comparando el año anterior, y los 7,6 millones previstos para 2016 están muy lejos frente los 16 millones del año 2009. Si lo comparamos entre islas, resulta incomprensible la inversión por habitante en Menorca respecto Mallorca y Eivissa”, añade Paco Cardona. “En una isla como Menorca, cuya economía depende del turismo, en estos momentos lo normal sería que las administraciones ya tuvieran en marcha trabajos de mejoras de las urbanizaciones. Trabajos cotidianos como el alumbrado público, el mantenimiento de aceras, de asfalto, la limpieza viaria y la jardinería son fundamentales para dar una buena imagen de nuestra isla”, pone de manifiesto Nicolás Bosch.
De momento, las inversiones públicas se centrarán en infraestructuras educativas y depuradoras, además de la inversión en la carretera general y la mejora de caminos públicos. “El hecho de rebajar la inversión pública tiene el efecto directo de destrucción de puestos de trabajo, cuando el mensaje que se traslada es una necesaria y urgente creación de empleo”, critica Cardona.
MEJORAS. El sector pide también a la administración pública insular seguridad jurídica, agilidad y colaboración. “Falta dosificar competencias, agilizar trámites, unificar informes y ofrecer y exigir un cumplimiento de plazos por parte de la administración”, explica el delegado de la CAEB. “Una idea podría ser desde el punto de vista de la regulación, implantar la figura de fijos discontinuos, que facilite la entrada y salida de trabajadores”, concluye.