En política, la lógica de la apariencia puede ser más importante que la lógica de la realidad, por lo que, desde esa óptica, los actores políticos pueden preferir la persistencia de un problema a la elaboración de una solución. El sistema de financiación autonómica de régimen común ha experimentado significativos cambios desde la constitución de las autonomías, sin embargo, su lógica de funcionamiento ha permaneciendo estable en cada una de las sucesivas reformas, en las que el principal cambio ha sido la aportación de nuevos recursos por parte del Gobierno Central.
Quizás por ello ninguna de estas variaciones, ni han resuelto el problema de la financiación, que sigue figurando en la agenda de todos los candidatos a presidir todas las comunidades, ni han cambiando el ranking de prosperidad de las distintas regiones, y, ni tan siquiera ha contribuido a integrar de manera estable a alguna de las comunidades históricas.
Con la crisis, ha convertido en una tarea titánica, casi imposible, el saneamiento y estabilización de las finanzas públicas; pues siempre cabe descargar en otros la responsabilidad.
El sistema genera una especie de “restricción presupuestaria blanda” que conlleva el desarrollo de políticas mercantilistas o de nacionalismo económico que frenan las posibilidades de crecimiento del país. Pues, con cada campaña electoral, los partidos ofrecen más gasto público, más regulaciones proteccionistas y otros privilegios a los grupos de presión locales a cambio de votos.
La alternativa, sin duda alguna, no pasa por recentralizar, sino por conformar un verdadero modelo de federalismo competitivo.
¿Por qué, entonces, nadie propone un cambio de rumbo real con mayor responsabilidad fiscal por parte de las CCAA? Una vez más en la “tiranía del statu quo” puede estar la explicación; pues una mayor responsabilidad fiscal implica un cambio radical de las políticas económicas autonómicas, lo que podría conllevar también -y esta es la principal dificultad- el cambio del mapa político regional español.
Con un nuevo sistema de financiación autonómica de responsabilidad fiscal competitiva, difícilmente se podrían haber dado los resultados electorales andaluces, con la victoria del partido que ha liderado durante más treinta años un auténtico fracaso económico.
Tampoco podría haber progresado tanto el proceso independentista catalán, que, en buena medida, se fundamentó en el eslogan “Madrid nos roba”. De la misma manera, la geometría política del resto de autonomías también se vería fuertemente afectada.
Esta reforma junto a la electoral constituyen las dos de mayor potencial transformador de las que se habla en foros, artículos y libros, pero sin embargo, no aparecen en el debate político. ¿Quizás sea preferible el problema a la solución?